El dato se escucha desde hace más de una década. Un aumento del 10 por ciento de la banda ancha móvil en América latina podría generar más de 6,5 millones de empleos y aumentar el PBI per cápita en un 1,7 por ciento. Pero ahora parece recobrar más relevancia que nunca: tras el desastre económico provocado por el Covid-19, la región busca el modo de recuperarse mientras, en paralelo, se asiste a proceso de transformación digital acelerado por la pandemia. Las inversiones en redes de telecomunicaciones son el cimiento para pensar en el nuevo desarrollo de la región. Y para que hayan inversiones deben crearse incentivos que hoy la región parece no estar ofreciendo. América latina invierte en telecomunicaciones casi el 40 por ciento menos que el promedio mundial
Las proyecciones se dieron a conocer en el marco de un nuevo estudio realizado por Telecom Advisory Services que, encargado por Millicom, lleva el nombre de “El papel de la economía digital en la recuperación económica de América latina y el Caribe”. Allí queda bien claro que el mayor problema para la digitalización de la región es la falta de redes. Y no hay suficientes redes porque todavía hay regulaciones que atrasan, que desalientan inversiones, que alejan la posibilidad del desarrollo. Y si no se ponen manos a la obra rápidamente, para que los países de América latina alcancen los niveles de desarrollo de los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) habrá que esperar casi una década, hasta 2030… cuando ya 6G comience a ser una realidad en esos mismos países que hoy lideran en materia de penetración y adopción de redes de telecomunicaciones.
El reporte destacó que el nivel de inversión per cápita en América latina y el Caribe es de 33,82 dólares se ubica por debajo del promedio mundial, que alcanza los 51,81 dólares y muy lejos de lo que desembolsan las economías avanzadas, en torno a los 121,38 dólares en Europa Occidental y los 337,09 que orienta América del Norte.
Por eso, sostiene que un aumento del 10 por ciento de la penetración de banda ancha fija -que ronda en promedio el 60 por ciento aunque con grandes inequidades en todos los países entre urbes y periferias – genera un crecimiento del PBI per cápita del orden del 1,5 por ciento en la región. Y esto, a su vez, tendría un impacto social muy importante puesto que la brecha digital se reduciría sustancialmente y se sumarían 9,6 millones de nuevos hogares conectados.
Ese mismo aumento del 10 por ciento en la banda ancha móvil provocaría un crecimiento del 1,7 por ciento del PBI y también reduciría la brecha digital puesto que se traduciría en un incremento de más de 36,6 millones de personas conectadas. Hasta 2020, habían 437 millones de clientes móviles en la región lo que supone una penetración del 69 por ciento, de acuerdo a datos de la GSMA. De ahí el valor que la expansión de estas redes tendría sobre los habitantes y sus posibilidades de acceso.
Que se expandan las redes supone, asimismo, que se incremente el índice de digitalización de la población. El informe de Telecom Advisory Services apunta que, si este nivel se incrementa un 10 por ciento eso supondrá un avance del 2,4 por ciento en el empleo, lo que permitiría reducir la tasa de desocupación del 10,5 por ciento actual al 8,4 por ciento, y la creación de más de 6,5 millones de nuevos empleos, además de expandirse la productividad multifactorial en un 5,7 por ciento. Aquí podrían agregarse las dificultades que tienen las empresas en general para encontrar perfiles con habilidades digitales cuya oferta no alcanza a ser satisfecha, y que no es de ahora, sino desde hace ya más de una década.
El incremento de la banda ancha móvil tendría otro efecto no menor, vinculado con la inclusión financiera. Esta se incrementaría un 2,3 por ciento lo que también se traduciría en una mejora de las expectativas socioeconómicas de la población, más cuando la educación financiera es, junto con políticas concretas y coherentes de conectividad y digitalización, otra de las materias pendientes de los gobiernos de América latina.
El informe está repleto de datos y proyecciones, que llaman a la acción ya puesto que se señala que si esta situación se revierte y se siguen los pasos de los países centrales, el tiempo de adopción de la digitalización podría acortarse y alcanzarse en 2026.
La cuestión de género y la piratería también forman parte de este estudio, como también la producción de contenidos y las cuestiones regulatorias. En este último punto, el reporte – que lleva la firma de Raúl Katz, Juan Jung y Fernando Callorda – plantea la necesidad de modificar los actuales marcos regulatorios que contemplen tanto la reducción de los precios del espectro – por ser el factor que genera la inversión inmediata en el despliegue de nuevas redes – como de los impuestos que alcanzan al universo de las telecomunicaciones y la digitalización en su conjunto. En los últimos días se conocieron informes vinculados con el precio del espectro en México, donde se registran los valores más altos de la región y, como consecuencia de ello, los fracasos más grandes en términos de licitación de nuevas frecuencias.
“Las conclusiones de este estudio son claras: para acelerar el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones y la economía digital, los gobiernos de la región deben modernizar sus marcos regulatorios para la inversión en el sector. Además, la reducción de los precios del espectro y de los cargos regulatorios y fiscales produciría un mayor estímulo para la inversión”, sostuvo Karim Lesina, vicepresidente ejecutivo y director de Asuntos Externos de Millicom (Tigo).
Para Raúl Katz, presidente de Telecom Advisory Services y coautor del estudio, que puede descargarse desde aquí, todos los países de la región deberían desarrollar un plan de digitalización y conectividad que se centre menos en la generación de ingresos y más en la expansión de la conectividad. “El aceleramiento del desarrollo de la industria de telecomunicaciones y de la economía digital, como factores clave de la recuperación económica, solo se producirá a partir de un aumento significativo en las inversiones de telecomunicaciones, un aceleramiento en el ritmo de innovación, y un mayor desarrollo de capital humano, para lo cual se debe poner en práctica un marco de políticas púbicas adecuado que facilite tales avances”, concluyó.
