Unas 23 páginas alcanzaron para disponer los detalles del acuerdo mutuo entre el Poder Ejecutivo de Costa Rica, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Radiográfica Costarricense (Racsa) para la extinción parcial de concesión para el uso de espectro radioeléctrico, un logro anunciado hace apenas cuatro días pero sobre el que no se precisaban detalles.
El documento en el que establece el acuerdo, cuya copia recibió TeleSemana.com en exclusiva, precisa la devolución de los segmentos de frecuencias que Racsa poseía entre los 3425 MHz a los 3500 MHz y de 3600 MHz a 3625 MHz; y que el ICE poseía entre los 3400 MHz y los 3425 MHz; y por ende, la extinción parcial para todos los efectos legales que sobre ellas pesaban, a fin de declarar su disponibilidad para futuras asignaciones.
El otro logro de este acuerdo involucra la instrucción que el Poder Ejecutivo hace al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), a través del viceministerio de Telecomunicaciones, para que “realice las diligencias jurídicas correspondientes” a fin de declarar la extinción parcial del acuerdo original que dotaba del espectro al ICE y a Racsa, y así solo afectar a las bandas señaladas.
“En fe de lo anterior, estando ambas partes conformes, suscribimos el presente Acuerdo Mutuo de Extinción de Concesiones, en la forma y en el alcance en que se ha dicho, con las presentaciones y facultades dichas, en la ciudad de San José, a los 07 días del mes de setiembre del 2022, en cuatro tantos de un mismo tenor literal, cada uno de los cuales ostenta igual fuerza y validez legal”, dice a modo de cierre el acuerdo que, luego, exhibe las firmas de Rodrigo Chaves Robles, presidente del país; Carlos Enrique Alvarado Briceño, ministro del Micitt; Marco Acuña Mora, presidente del ICE; Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa, y letrados de cada una de las partes.
“La suscripción del presente Acuerdo Mutuo garantiza el interés público que reviste el promover la implementación de tecnologías innovadoras, y la participación en igualdad de condiciones de los operadores dentro del mercado de telecomunicaciones, como parte de la reactivación económica a nivel nacional, así como con sustento en las políticas públicas de garantizar un entorno habilitador que asegure el acceso de los servicios de telecomunicaciones, la disponibilidad del espectro radioeléctrico, el establecimiento de reglas claras para el funcionamiento del mercado, que garanticen a todo operador un trato no discriminatorio al momento de poner a disposición sus servicios a posibles usuarios públicos y privados, bajo los procedimientos, principios y objetivos contenidos en el ordenamiento jurídico que rige al Sector Telecomunicaciones”, dice en su artículo trigésimo primero.
5G y sus promesas para la economía nacional están en la mira. Por eso, y si el foco se pone en la actualidad de las bandas ubicadas en los 2,5 GHz y en los 3,5 GHz, y tal como lo publicó el especialista José Otero, vicepresidente de 5G Americas para América Latina y el Caribe, en su cuenta personal de la red social Twitter, hay espectro recuperado y disponible para 5G.
Al tiempo que se difundían estos detalles, el Micitt y la Comisión de Coordinación para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de Telecomunicaciones, difundieron que “continúan con su labor de posibilitar a todos los habitantes el acceso a más y mejores servicios, independientemente del proveedor que seleccionen, o del lugar donde habiten”. Sucede que la semana pasada, los representantes de todas las municipalidades del país fueron convocados a una mesa de diálogo en torno a la Ley 10216, que incentiva y promueve la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica.
La legislación tiene cuatro ejes: encomienda al Micitt la creación de un reglamento de disposiciones técnicas relacionadas con el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones que pueda ser aplicado por las municipalidades a nivel nacional; establece la obligatoriedad de considerar los ductos y canalizaciones como parte integral de los procesos de planificación de la red vial nacional; autoriza a las instituciones públicas para que estas permitan la instalación de los dispositivos que amplíen la cobertura de telecomunicaciones aprovechando los bienes de uso público existentes; y reitera la responsabilidad de agilizar y simplificar los trámites relacionados con la construcción de infraestructura de soporte para redes de telecomunicaciones.
“La Ley 10216 se emitió 14 años después de la Ley General de Telecomunicaciones, y viene a complementarla con aspectos concretos y específicos los cuales representan una oportunidad para que el país pueda seguir avanzando en materia de telecomunicaciones al servicio de las personas. Es necesario que el avance se realice de manera articulada, de manera que el beneficio se obtenga en todo el territorio nacional”, dijo Orlando Vega Quesada, viceministro de Telecomunicaciones del país y adelantó que trabajan en el desarrollo de mecanismos que agiliten el despliegue de la infraestructura telco.
