“La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) reconoce que el Acuerdo mutuo entre RACSA, el ICE y el Poder Ejecutivo para la devolución del espectro radioeléctrico representa un avance en la recuperación de un segmento de frecuencias fundamentales para el despliegue de redes 5G”, dice el comunicado del organismo regulador costarricense, al tiempo que hace una salvedad y advierte la importancia de recuperar espectro radioeléctrico en la banda 2.6 GHz por considerarlas (a las bandas de 3.5 GHz y de 2.6 GHz) vitales para el desarrollo de 5G en Costa Rica.
El alerta erigido por la Sutel advierte que en el país se podría generar una situación de “distorsión competitivas de mercado” si no se ampliara la cuota de bandas recuperadas en el marco del acuerdo alcanzado por Rodrigo Chaves Robles, presidente del país y sus contrapartes firmantes: Carlos Enrique Alvarado Briceño, ministro del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt); Marco Acuña Mora, presidente del ICE; y Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Racsa; que permitió recuperar el espectro ocioso que sirve para el despliegue de 5G en el país.
Así, la Sutel también recordó haber realizado diversos informes en los que detalló al Poder Ejecutivo local la situación de subutilización y no uso de los segmentos espectrales ubicados en las bandas de 3.5 GHz y de 2.6 GHz, parte de RACSA y el ICE.
“Los concesionarios de frecuencias tienen la obligación de hacer un uso eficiente del Espectro Radioeléctrico, por lo que el Estado debe proceder con la recuperación de los segmentos que están sin uso o subutilizados en las bandas de 3.5 GHz y 2.6 GHz” dice el regulador en su anuncio y cita la misma observación realizada por la Contraloría General de la República: “El Micitt no ha completado las acciones concretas para concluir oportunamente los procedimientos o mecanismos de recuperación de espectro ante los reportes de uso no eficiente evidenciados en los informes de la SUTEL y en las recomendaciones de los informes técnico-jurídicos de dicha cartera ministerial”.
Para el órgano, este acuerdo, que fue sometido a consulta, “no elimina la situación de asimetría en la distribución del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles, ya que el ICE continúa manteniendo tres veces la cantidad de espectro que poseen los otros operadores móviles” y advierte que esta condición podría impactar de forma negativa a futuro, al crear “distorsiones competitivas en el mercado, mayores costos para determinados operadores y una amenaza para la inversión”.
De esta manera, el regulador local reconoce que la disponibilidad de espectro es necesaria para poder lanzar una nueva licitación, pero “no suficiente para promover un mercado competitivo” e insta al Ejecutivo a que la asignación se realice de la forma más equitativa posible, dice y señala la banda de 2.6 GHz.
“El Poder Ejecutivo debe continuar con las acciones inmediatas necesarias para la recuperación de estos recursos; pues cuentan con los criterios técnicos y jurídicos para avanzar”, dijo Gilbert Camacho Mora, presidente del Consejo de la SUTEL, y advirtió que “un mayor retraso en la llegada del 5G significa una pérdida de competitividad y la pérdida de inversión en el país, así como una limitación a los beneficios que los usuarios podrían percibir de estas tecnologías”.
Por estas horas, el Micitt también hizo pública su mirada, a partir de un balance de los logros obtenidos en los primeros cinco meses de gestión, de la nueva administración de gobierno, entre las que enumeró la devolución de una parte de las frecuencias del ICE y RACSA, la definición de metas para el próximo Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT) y en la reforma al Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF) que, según se anuncia, saldrá a consulta pública en las próximas semanas.
“El Micitt lleva un gran trabajo avanzado en las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República sobre la auditoría que finalizó desde hace ocho meses y que el ente contralor hizo público hasta hace unos días”, dice el anuncio oficial del ministerio, este lunes.
El período auditado por la Contraloría General de la República (CGR) fue desde enero de 2016 hasta marzo de 2022, es decir, el tiempo en que se desempeñaron cuatro ministros rectores del sector y tres viceministros de Telecomunicaciones; y cuyo balance arrojó avances “sustantivos”.
