En el último día del año 2022, Uruguay dio a conocer el decreto por el cual avanzará hacia la licitación de espectro en 5G. Licitará frecuencias en la banda de 3.5 GHz y disponibilizará tres bloques de 100 MHz a los que les puso un precio base de 28 millones de dólares cada uno. El proceso, que se da en el medio de las conversaciones para la renovación de las concesiones que se producirán entre 2023 y 2024, volvió a generar polémica en un mercado que, desde que puso en marcha la portabilidad, hace un año, genera ruido constante.
El decreto del Ministerio de Industria, Energía y Minería estableció que se autorizará la asignación de espectro en la banda de 3.5 GHz, en los sub-bloques de 3300-3400 MHz y de 3600-3800 MHz.
La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) tendrá un plazo de 30 días para que eleve el proceso al Poder Ejecutivo para su aprobación. A partir de la obtención del visto bueno, la perspectiva es que el proceso de licitación se inicie en los siguientes 30 días. Es decir que, de cumplirse esta expectativa, en marzo debería estar iniciándose de manera efectiva el concurso destinado a asignar nuevo espectro 5G en este país.
El decreto estableció de antemano que las concesiones tendrán una duración de 25 años y que cada participante podrá obtener como máximo un bloque de 100 MHz de espectro. Y determinó que Antel ya cuente con una reserva de 100 MHz de espectro en el bloque de 3600-3700 MHz. Recibirá ese recurso en el mismo momento en que le sean adjudicadas las restantes bandas a las operadoras de telecomunicaciones que hayan participado de la subasta.
Como se dijo anteriormente, el precio base por cada 100 MHz establecidos para estas bandas es de 28 millones de dólares, razón por la cual en el caso en que tanto Movistar como Claro decidieran participar del proceso, el gobierno se habría asegurado al menos un ingreso de 56 millones de dólares en concepto de uso de espectro.
¿Antel también pagará 28 millones? El decreto determina que abonará un precio que resulte del “promedio de los valores que resulten en el procedimiento competitivo de los restantes 2 (dos) bloques de 100 MHz”, asegura el texto que aclara, además, que ese valor se calculará sobre los bloques que recibieron ofertas. Si alguno de los bloques no hubiese tenido propuestas, la operadora estatal podrá solicitar que le sean asignados en un valor que siga el procedimiento mencionado previamente. Se trata de un mecanismo que sigue, en un punto, el camino trazado en licitaciones anteriores.
El pago del espectro se dividirá en tres fases, que acompañarán los despliegues previstos en el pliego: 25 por ciento se abonará dentro de los 30 días posteriores a la asignación, un 50 por ciento a los 12 meses y el 25 por ciento restante cuando se cumplan 24 meses de esta situación.
El pliego establece condiciones mínimas de despliegue, tanto para tecnología 4G como 5G, en cualquiera de las bandas de frecuencias asignadas para servicios IMT. Así, en los primeros 12 meses a partir de la adjudicación, las operadoras deberán haber instalado 70 estaciones base en el territorio nacional. Luego, en los 24 meses posteriores la obligación consistirá en establecer al menos dos radiobases en al menos 10 departamentos -sobre un total de 19 en que está dividido el territorio-, con excepción de Montevideo. Y dentro de los 36 meses todos los departamentos de Uruguay tendrán que contar con, al menos, dos estaciones base. Si bien se explicita que los despliegues podrán ser para las últimas dos tecnologías móviles hay que recordar que la penetración de la tecnología LTE en este país supera el 80 por ciento en los lugares en donde hay “menor cobertura”, de acuerdo a los datos de junio de 2021 de la Ursec. En otras palabras, el territorio uruguayo parece estar bastante bien cubierta con 4G con lo que el nuevo proceso impulsará, más que nada, la implementación de redes 5G.
De hecho, aquellas compañías que se adjudiquen frecuencias y no cumplan con este cronograma tendrán una multa de 10.000 dólares por cada estación base que no cumpla con lo dispuesto en el decreto, tal como se puede leer en el decreto, disponible aquí.
Hasta aquí lo establecido por el Ministerio para que el regulador ponga manos a la obra. Pero la publicación del decreto provocó la reacción de una de las operadoras de telecomunicaciones móviles que opera en ese país. Claro, por caso, señaló que no se comprende lo que quiere hacer el Gobierno con esta convocatoria, especialmente porque no hubo diálogo con la industria como para avanzar en un proceso en donde todos los actores puedan brindar su punto de vista.
“No está claro lo que quiere hacer el gobierno con esto, porque nunca se habló con la industria de qué se quiere hacer. Hemos pedido reuniones en formas reiteradas para dialogar sobre el tema, cómo se puede instrumentar, cuál es el modelo, cuáles son las finalidades. ¿Qué querés hacer? ¿Recaudar o desarrollar las redes? ¿Se tiene en cuenta cuál es el ingreso del sector en Uruguay hoy con respecto a lo que tenía antes? No está claro, ni siquiera al leer el decreto, lo único que se dice de la idea de fundamento del gobierno es mejorar las comunicaciones, pero no dice cómo”, dijo Alejandro Quiroga López, director de Asuntos Regulatorios e Institucionales de Claro para Argentina, Paraguay y Uruguay, en declaraciones al diario El País, de Uruguay.
Por el contrario, para el presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, las obligaciones de despliegue establecidas en el decreto “tienen bastante lógica a lo que estábamos previendo”, según citó el mismo medio uruguayo y aprovechó para señalar que Antel ya está preparada para el despliegue de 5G. Hay que recordar, en este punto, que la operadora estatal comenzó a avanzar con esta tecnología en 2019, cuando recibió las primeras frecuencias, hecho que convirtió a este país en el primero de América latina en ir hacia la quinta generación móvil.
Quiroga López, de Claro, apuntó contra el precio del espectro que, además de haber sido más alto que el propuesto por la Ursec, de 22 millones de dólares, es más caro que el ofrecido a finales de 2021 en Brasil. “El precio que se está fijando (de 28 millones de dólares), es seis veces más caro que Brasil, donde el mercado uruguayo no tiene ni la proyección de crecimiento que tiene el mercado brasileño”, aseveró a El País.
Y, una vez más, ya se sabe lo que sucede no solo en la región sino en el mundo entero cuando el espectro que se ofrece es demasiado caro: los bloques ofrecidos pueden quedar desiertos, sin dueño. Si esto sucediera en el caso de Uruguay, habría un claro ganador, Antel. Cualquier operadora con la chance de quedarse con espectro la tomaría, de modo que si Claro o Movistar no participan de la compulsa verían reducidas sus posibilidades de fortalecerse desde el punto de vista tecnológico para competirle más fuertemente, aún cuando 5G todavía sigue siendo una posibilidad de mediano y largo plazo.
En Uruguay hay 5,68 millones de clientes de servicios móviles, según datos de la Ursec a junio de 2021. De ese total, el 53 por ciento son usuarios de Antel, mientras que Movistar, con más de 1,6 millones de clientes alcanza un 29 por ciento de participación, y Claro, que ya cuenta con más de 1 millón de suscriptores, ostenta el 17,8 por ciento del usuarios. Más de 2,8 millones de clientes optan por planes pospagos, es decir, casi la mitad del total del mercado, uno de los niveles más altos de la región. Esto muestra que, más allá de que se trate de un mercado pequeño, se presenta muy saludable.
No obstante, el ARPU de servicios móviles de Uruguay se ubica en los 7,68 dólares, según datos del Centro de Estudios en Telecomunicaciones de América latina (Cet.la) de 2018, los últimos que se encuentran disponibles, aunque se debe aclarar que el cálculo está realizado sobre un total de 7,8 millones de líneas, es decir, casi un 30 por ciento más de las relevadas por la Ursec en junio de 2021.
Con este panorama, Uruguay comenzará el nuevo año con una decisión política de peso, hecho que se produce casi en simultáneo con el primer año de funcionamiento de la portabilidad numérica que también generó sus momentos de polémica. Será interesante seguir el proceso que se abre a partir de ahora con la tecnología 5G.
