Uruguay termina el año con mucho movimiento en torno al espectro. Por un lado, ya definió el precio del costo que tendrá 5G, una vez que se decida ponerlo a disponibilidad del mercado. Por el otro, ya renovó el derecho de uso de una de las porciones que tenía en su poder Movistar y, en 2023 y 2024, debe suceder lo propio con frecuencias de Antel y de Claro. Y hay mar de fondo. Claro Uruguay presentó un recurso administrativo por los valores a los que se renueva el espectro.
Una vez más, hay que ir por partes. Respecto de 5G, el gobierno definió que el valor de las frecuencias 5G que Uruguay prevé poner a disposición del mercado en los próximos meses es de casi 22 millones de dólares, tal como lo determinó la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) luego del pedido que relizara la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel).
Ese monto que, para ser precisos, alcanza los 21.982.754 de dólares, es por 100 MHz en la banda de 3,5 GHz, la más preciada por las operadoras de telecomunicaciones para desplegar 5G. Costo que implica, además, un período de 25 años de uso. Hasta ahora, es Antel el único operador que tiene disponibles frecuencias para brindar servicios de este tipo.
El cálculo del regulador se efectuó como respuesta a una consulta solicitada por escrito por la Dinatel, a cargo de Guzmán Acosta y Lara, según señaló el semanario Búsqueda.
La necesidad de conocer el costo del espectro 5G se da en un escenario más amplio donde Uruguay debe renovar las concesiones que vencen entre diciembre de 2022, tal el caso de Movistar Uruguay, y 2023 y 2024, como sucederá con los bloques de frecuencias que poseen Antel y Claro de manera respectiva.
Movistar renovó dos bloques de 5 MHz cada uno de espectro en la banda de 1.800-1.900 MHz el pasado 11 de diciembre, mientras que Antel y Claro deben hacerlo por 30 MHz cada uno, aunque sus vencimientos se concretarán durante 2023 y 2024. En 2024, Movistar tendrá que renovar otros 35 MHz.
Por los dos bloques renovados el 11 de diciembre pasado, Movistar Uruguay pagó 6 millones de dólares, el mismo monto abonado en 2002.
Las restantes renovaciones de espectro vencerán el 1 de julio de 2023, momento en que Antel tendrá que hacer su respectivo desembolso con dos bloques de 15 MHz en las frecuencias de 1.700 y 1.800 MHz, por un monto que se estima en 18 millones de dólares. Claro, en tanto, tendrá que hacer lo propio en junio de 2024 por la misma cantidad de megahertz pero en las bandas de 1800 a 1900 MHz, por un valor idéntico. En ambos casos se trata de una renovación por otros 20 años.
Movistar Uruguay tendrá que encarar un proceso idéntico también en 2024, cuando deba renovar derechos de uso por otros 35 MHz de los cuales 25 MHz pertenecen a la banda de 850 MHz. Para ser más precisos: se trata de la renovación de los derechos de uso sobre dos bloques de 5 MHz para la banda de 1.800 MHz apareada con la de 1.900 MHz por idéntico monto al sellado en este 2022, además de dos bloques de 12,5 MHz en la banda de 850 MHz, también por seis millones de dólares.
Y aquí es donde surge un nuevo conflicto. Este proceso está siendo cuestionado por Claro Uruguay que presentó un recurso administrativo contra el decreto que habilitó la renovación de las concesiones “porque fija un criterio de renovación con precios que no son razonables. Los valores no están debidamente fundamentados y no se corresponden con los precios relativos de las bandas”, aseguraron a TeleSemana.com fuentes de Claro.
Tras haber presentado ese recurso administrativo la compañía tiene 150 días para fundamentar sus cuestionamientos que planteará, básicamente, que los valores que se están fijando “no son razonables”. Lo que objeta la compañía es que, en primer lugar, se debe considerar que el costo del espectro en la actualidad no es el mismo que tenía hace 20 años, y que las frecuencias de 1.900 MHz no pueden costar lo mismo que las de 850 MHz, que permiten desplegar mucho más rápidamente cualquier red de telecomunicaciones. En definitiva, en la mirada de Claro o se debe bajar el precio de la banda de 1.900 MHz o se debe subir el de 850 MHz, pues no se puede concebir que ambas frecuencias cuesten lo mismo. En su postura se lee, además, el reclamo por acceder a cuestiones de competencia equitativas entre todos los prestadores, tal como lo vienen sosteniendo desde hace tiempo.
En definitiva, lo que se cuestiona al regulador es que los valores que se han publicado para renovar el espectro y que, a mediados de noviembre pasado, fueron dados a conocer por El Observador de Uruguay, “no están debidamente fundamentados y no se corresponden con los precios relativos de las bandas”. Más aún, las fuentes consultadas señalaron que no hay claridad sobre el precio de la banda de 850 MHz que, se sabe, vale más que la de 1.900 MHz.
Todo esto sucede mientras el gobierno procura avanzar hacia una nueva licitación de 5G, con un conflicto abierto con Dedicado que considera que está habilitado para brindar servicios de ese tipo en las frecuencias que posee, y en un contexto regional en donde similares procesos de renovación de espectro también están llamando la atención de las asociaciones que nuclean a las operadoras de telecomunicaciones sobre los costos que se están fijando.
Tal como está sucediendo en otros países: Uruguay termina un año movidito y comenzará 2023 con el mismo ritmo.
