Entre 2014 y 2021 se duplicó la cantidad de ciudadanos latinoamericanos con acceso a Internet móvil, al pasar de los 220 millones a los casi 400 millones, o el 62 por ciento de la población regional, aunque todavía son 230 millones las personas que aún no consiguen subirse a esta ola de conectividad; y entre ellas hay 40 millones (o el siete por ciento de la población) que no posee cobertura y otros 190 millones (o el 31 por ciento de la población) que, aunque posean la cobertura carecen de las posibilidades de aprovecharla, ya sea por no poder pagar los dispositivos y/o por no contar con las habilidades digitales necesarias. Por ello, para la GSMA, todo este escenario impone la urgencia de repensar los Fondos de Servicio Universal (FSU) de la región.
Así lo plantea en el informe que acaba de publicar bajo el título “Brechas de conectividad en América Latina. Una hoja de ruta para Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador”, donde analiza los datos del territorio y explica sus contextos, para concluir con los lineamientos que -a su entender- deberían llevarse adelante para expandir al 4G.
En su mirada, este documento -disponible aquí– advierte que “los Fondos de Servicio Universal no han sido un mecanismo efectivo para el cierre de la brecha” y subraya la necesidad de establecer nuevos caminos. Y, a la hora de argumentarlo, advierte que más del 40 por ciento de los FSU disponibles no fueron ejecutados, por sólo mencionar un ejemplo.
“Las tasas de desembolso de los fondos recaudados en los últimos años han sido deficientes, con proyectos subejecutados y fondos inactivos siendo más la norma que la excepción en varios países. Junto a la subejecución, la eficiencia y efectividad en el uso de los fondos es altamente cuestionable. ¿Cuántas personas han accedido a los beneficios del acceso a las telecomunicaciones gracias a los programas implementados?”, dice el informe y advierte que “existen alternativas diferentes a los FSU en la región que muestran una potencial hoja de ruta para lograr los objetivos de conectividad marcados”.
Pero también repasa ejemplos, como el de Perú, que en este enfoque es valioso por ofrecer “un modelo de gestión de espectro que facilita la compartición de este recurso y de infraestructura, habilita que actores de distintas partes del ecosistema inviertan conjuntamente en conectividad rural a través de un vehículo de mercado como es Internet para Todos”.
También habla de Chile: “El Estado reconoce su papel central y liderazgo para trasladar los beneficios de la conectividad, financiando directamente el fondo de servicio universal”; y sostiene que “en Estados Unidos, el regulador es pionero en aceptar que la financiación actual del FSU ya no es sostenible y que una ampliación de la base de contribuyentes al fondo es necesaria si se quieren enfrentar los retos del cierre de la brecha de conectividad actuales”.
En este repaso, es justo recordar que en el caso de Argentina, por ejemplo, iniciativas vinculadas al FSU propiciaron experiencias notables, como fue la creación de la red comunitaria de Internet con cable submarino en La Boca o experiencias como la de Altermundi, y, en todos los casos, la magia involucra utilizar los recursos para tender redes allí donde no las hay.
“La innovación tecnológica avanza a un ritmo cada vez más vertiginoso; por el contrario, el ritmo de la inclusión digital se desacelera. Los retos que tenemos hoy, con un 93 por ciento de cobertura poblacional de banda ancha móvil en América Latina, no son los mismos que hace años, cuando todo estaba por hacerse en conectividad’, dijo Lucas Gallitto, director para América Latina de la GSMA quien advirtió que “las políticas que nos trajeron hasta aquí no son las mismas que necesitamos hacia adelante”.
Entre sus estimaciones, este trabajo advierte que para alcanzar un 99 por ciento de cobertura poblacional con redes 4G sería necesario contar con una financiación adicional por persona cubierta de alrededor de 1.200 dólares para los casos de Argentina, Brasil y Colombia; y de entre 2.000 y 3.500 dólares para los territorios de Costa Rica y Ecuador.
Si bien la urgencia de expandir la oferta y la demanda son claves de este informe, el trabajo también repasa la necesidad de implementar estrategias que permitan achicar las brechas de uso, mediante la capacitación digital y de programas “de transferencias cruzadas para cubrir el costo de los dispositivos y servicios para ciudadanos de bajos ingresos”. Estima que esto implicaría un costo estimado de entre 50 dólares y 360 dólares por persona adicional conectada, según sea el país que se observe.
“Para cerrar la brecha de conectividad de un modo efectivo se requieren medidas que permitan la expansión de la oferta, pero, en particular, de la demanda. Sin cambios significativos no es esperable que se alcancen los objetivos de conectividad marcados. La hoja de ruta para alcanzar la conectividad universal a Internet varía según el país, pero debe pasar inevitablemente por la expansión de la demanda y por una reforma de la financiación y el funcionamiento de los FSU”, dice el informe y advierte que estos fondos “no sólo no sirven al día de hoy de un modo efectivo a la agenda para conectar a los no conectados, sino que muchas veces juegan en contra”.
