Las fichas empiezan a moverse en el tablero de las telecomunicaciones de la Argentina en medio de un proceso electoral que anticipa cambios a partir de la asunción del próximo gobierno, aún si el oficialismo resulta ganador. A la par de la confirmación que las tres operadoras móviles que actúan en este país precalificaron para la licitación 5G, desde el sector volvieron a reclamar la necesidad de ampliar el espacio vinculado con las tecnologías, y tener un diálogo más fluido entre los distintos actores, además de advertir sobre la necesidad de eliminar obstáculos en el mercado por las fuertes inversiones que se necesitarán para 5G. Entre ellos, el famoso DNU 690, aún cuando su aplicación está en suspenso por efecto de las cautelares que obtuvieron las operadoras que acudieron a la Justicia.
Los pronunciamientos se escucharon en el segundo día de las Jornadas Internacionales 2023 de la Asociacion Argentina TIC, Video y Conectividad (ATVC). Walter Burzaco, presidente de ATVC, se ocupó de resaltar que “aún en un contexto de turbulencia económica, generado por diversas variables, no hemos cesado de invertir en el país. Menos aún cuando, con un decreto sancionado a unos seis meses de comenzar el gobierno, se nos modificaron las reglas del juego. La subasta de espectro 5G, que está en curso, se caracterizó por la prisa recaudatoria y le faltó un dialogo público-privado más fecundo”.
Cuestionó también, en sintonía con la opinión del sector en general, el otorgamiento gratuito de espectro a la empresa satelital pública, Arsat, a la que valoró “un actor estatal exento de impuestos, que se sustenta con fondos públicos generados por los privados y compite en el mercado con los que pagarán por la asignación de espectro. Se reitera un error pasado, porque Arsat ya tuvo asignado espectro 4G. Un patrimonio que, en manos de los actuales operadores, habría beneficiado a la sociedad toda: a los individuos y las comunidades de negocios”.
En el mismo sentido se refirió a los esfuerzos que realizan las proveedoras de infraestructura para soportar el crecimiento de la demanda de banda ancha, mientras las compañías digitales no contribuyen con esas inversiones. “Hace años venimos señalando la distorsión competitiva que provocan servicios como los OTT, los que agigantan el consumo del ancho de banda y obligan a más y más inversiones. Es una paradoja constante: invertimos para que empresas del exterior hagan negocios, aún cuando no tienen una equivalencia regulatoria, laboral e impositiva. Es imperioso abordar este problema que estresa nuestras redes”, dijo Burzaco.
La cuestión de las redes fue el tema que expuso, luego, Roberto Nobile, CEO de Telecom, quien tras destacar el rol de la compañía que conduce como integrante de la iniciativa Open Gateway, subrayó la necesidad de contar con “políticas duraderas que incentiven la inversión. Estar abocados a desplegar, y estar atentos a los cambios a corto plazo”. Y de cara a lo que supone hacer frente a las inversiones en infraestructura y a lo que supondrá lo vinculado con 5G, sostuvo que si bien el core del negocio de Telecom es la conectividad, hay que verla como eje habilitador “para la industria, la educación, la salud. Pero no debemos quedarnos sólo con la conectividad, sino dar soluciones digitales”.
Vinculó este aspecto con las inversiones que demandará el despliegue de 5G y el objetivo de Open Gateway como vía para encontrar nuevas fuentes de ingresos para las operadoras a través de las oportunidades que promete esta tecnología. “Open Gateway es la potencialidad que tiene la industria de monetizar el uso de su red”, razón por la que consideró que “con 5G se debería tener una mayor explotación, y hoy ya lo podemos hacer. Esto implica abrir la red como APIs, y ponerla a disposición de desarrolladores y emprendedores”. Consideró que este aspecto resulta crucial para “unificar un estándar para que se pueda implementar desde todas partes del mundo”. Apuntó a que “es necesario federalizar este tipo de aplicaciones” y aprovechó para contar que ya presentaron la primera API, una SIM SWAP orientada a prevenir el fraude bancario.
En relación a 5G, Nobile aseguró que “requiere muchísimas inversiones, despliegue, simplificación de accesos a sitios”, pero fundamentalmente “una macro estable, con una visibilidad de futuro” que vaya más allá de los cuatro años que dura una gestión de gobierno.
Por eso también enfatizó la necesidad de contar con “políticas duraderas que incentiven la inversión. Estar abocados a desplegar y estar atentos a los cambios de corto plazo” que suelen ocurrir en el ambiente de las tecnologías y las telecomunicaciones. Y que provocan fuertes reformulaciones en la forma de encarar los negocios, tal como lo dejó expresado en la jornada anterior, Maryleana Méndez, secretaria general de ASIET.
Las consideraciones esbozadas por los referentes del sector tuvieron eco en las autoridades nacionales. El titular del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Claudio Ambrossini, además de confirmar que Claro, Movistar y Personal habían pasado la precalificación para la licitación 5G, aseguró que trabaja para flexibilizar el DNU 690. Este decreto también fue mencionado en varias oportunidades desde que inició el encuentro de ATVC. El día anterior, Antonio Roncoroni, presidente de Fecosur, se había pronunciado una vez más en contra de esa norma. Además de pedir su derogación, calificó al decreto como “un corset para la industria, para la inversión, para el servicio. No se puede crecer si no se deroga el decreto 690. Debe ser derogado para liberar las fuerzas del sector. El Estado no debe regular Internet, debe fomentarla en todos sus estamentos. Debemos salir del laberinto de normas que entorpecen regulatoriamente el desempeño de las empresas TIC”.
La eliminación de ese decreto como también la necesidad de liberar otras normas y aliviar al sector fue un tema que tocó Rodolfo Bianchi, representante de La Libertad Avanza, el partido político que obtuvo el mayor caudal de votos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto. Bianchi es, además, presidente de la Cámara de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI) en uso de licencia por cuestiones políticas.
Y también fue un tema que mencionó Andrés Ibarra, ex ministro de Modernización durante el gobierno anterior, de Mauricio Macri, y referente de Juntos por el Cambio dentro del sector. “El DNU 690 sólo ha alejado inversiones imprescindibles”, apuntó.
Más allá del lugar y de la fuerza política de que se trate, el punto en común expuesto por los diversos referentes fue que hay que superar el DNU 690. Otra vez, si bien sus efectos están suspendidos por las cautelares vigentes, la idea es que esa norma deje de operar como tal o sea superada por otra, nueva. Todo indica que será una tarea de la próxima gestión que, además, espera recibir la licitación 5G resuelta, aún con los cuestionamientos que recibe desde los distintos sectores. Otro en punto en común encontrado entre los distintos integrantes del sector de las telecomunicaciones de la Argentina que se dieron cita en la edición 33° de las Jornadas Internacionales de ATVC.
Las fichas de este tablero de juego están comenzando a moverse.
