Después de una semana convulsionada en la política argentina, y cuando el sector de las telecomunicaciones creía que ya no había que estar atento a lo que pudiera pasar un viernes, sucedió lo que no se esperaba: a última hora de la tarde comenzó a circular la versión de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) sería intervenido por parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a cargo de Alejandro Cosentino, por un plazo de 180 días pare ordenar y refocalizar sus funciones. La versión fue confirmada por fuentes oficiales y este lunes el decreto 89/2024 se publicó en el Boletín Oficial.
El objetivo es quitar las trabas que encuentra el sector de las telecomunicaciones para continuar desarrollándose, realizar inversiones y acelerar despliegues, además de dar de baja de manera definitiva el DNU 690 -que se conoció un viernes, justamente-, y revisar las medidas tomadas por el Enacom a partir de diciembre de 2020.
“Que a partir de diciembre de 2020 se han verificado importantes decisiones adoptadas por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales vigentes”, reza una parte de los fundamentos. Y sigue: “Que dichas decisiones han motivado numerosos conflictos judiciales, así como el dictado de medidas contrarias a los actos administrativos emitidos, que deben ser adecuadamente estudiadas y, en su caso, revisadas”.
La existencia del decreto se conoció el viernes. En principio, habría circulado una primera versión. Lo concreto es que la intervención estará a cargo de Juan Martín Ozores, un consultor independiente en TICs, quien estará secundado por Patricia Roldán y Alejandro Pereyra. Roldán cuenta con una extensa trayectoria dentro del Enacom mientras Pereyra, además de haber pasado por el organismo durante la gestión Macri, estuvo siempre vinculado a la industria de las telecomunicaciones, en el último tiempo como asesor de Infraestructura Digital Argentina (IDA), la asociación más joven del sector.
Según pudo saber TeleSemana.com, el objetivo es ordenar el funcionamiento del regulador, por un plazo de 180 días corridos y se podrá ampliar de manera automática por una única vez. Pero también se considera la posibilidad de que la intervención dure menos tiempo del plazo establecido inicialmente. La intención es tomar las medidas que propicien la competencia en el sector y que permitan promover una actualización y modernización de la normativa vigente pues se considera que parte de las normas que regulan a las telecomunicaciones están obsoletas.
Gran parte de la tarea de la intervención parece apuntar a la derogación del DNU 690 que cambió el status del sector, al considerarlo como servicio público, además de establecer la intervención de los precios. Si bien estas medidas, especialmente la segunda, quedaron desactivadas a partir de las cautelares y el último fallo de la justicia que lo declaró nulo, permitieron que las operadoras comiencen a actualizar precios sin pedirle permiso al regulador, la intervención buscará dejar claro ese punto.
Sobre este aspecto, el texto del DNU considera “que la regulación constituye un elemento de equilibrio entre las reclamaciones fundadas en el interés público y debe desenvolverse siempre con sujeción al debido proceso”.
Las nuevas autoridades están convencidas, según pudo saber TeleSemana.com, que urge tomar medidas que alienten las inversiones en despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y mejora de la conectividad porque son concientes que conforman la base de la economía del conocimiento y de cualquier otra actividad económica.
En el articulado se propone “determinar y redefinir regulaciones que tanto por su obsolescencia o por su contenido demoran y dificultan el avance tecnológico y hacia la convergencia de sistemas del sector de las TIC y de los servicios audiovisuales”.
Pese a que la intervención está a tono con el decreto 70/2023 que pretende una desregulación amplia de la economía, no supondrá “una disparada de precios”, tal como señalaron a TeleSemana.com las fuentes consultadas. La industria tiene claro que, en virtud de la actual situación económica, resulta difícil incrementar los precios por encima del poder adquisitivo de los argentinos, aún cuando las medidas cautelares que se fueron emitiendo desde 2022 les habilitaron la posibilidad de aplicar incrementos.
Durante la intervención, sus responsables deberán elevar un informe sobre el estado de situación del Enacom. Habrá foco sobre las implicancias del DNU 690, básicamente, de las medidas judiciales existentes y sobre cómo queda involucrado el regulador, además de las propuestas a seguir para salir de la situación. Aquí se tomarán en cuenta las recomendaciones de la Unidad de Auditoría Interna, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN).
También promover una reorganización funcional y operativa de acuerdo a lo que marcan las leyes 26.522, conocida como ley de medios, y la 27.078 Argentina Digital, orientadas a promover una mayor profesionalización del ente.
Otro punto de relevancia es el relativo a la necesidad de “determinarse y redefinirse los programas y el alcance de los proyectos sobre el Fondo Fiduciario del Servicio Universal (FFSU) y del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA), y el estado de otorgamiento y cumplimiento de los Aportes No Reembolsables”, es decir, los ANR. El tema del servicio universal se encuentra en plena discusión en los distintos países de la región. La Argentina, con esta determinación, se sumará al conjunto de países que están replanteando los términos del debate. Lo relativo a los ANR no ha estado exento de polémica en algunos casos.
Como se mencionó anteriormente, Juan Martín Ozores será quien deba liderar los distintos lineamientos expresados en el decreto. Ozores fue elegido después de un intenso proceso de búsqueda de profesionales con conocimiento de la industria. A lo largo de su vida profesional se desempeñó como especialista TIC de diversas consultoras del sector además de haberse desempeñado como consultor independiente.
A partir de este lunes tendrá a su cargo la revisión de los aspectos detallados en el decreto, que puede descargarse desde aquí, y plantear una nueva manera de acción del regulador. En el último Foro Virtual de Regulación de TeleSemana.com, realizado la semana pasada, distintos reguladores, empresas y voces de la industria plantearon la necesidad de que los organismos de control de las telecomunicaciones se conviertan en habilitadores del sector para lograr la expansión y la mejora de la conectividad en América latina. Argentina tiene una gran deuda en ese sentido.
