Fue John Stankey, director ejecutivo de AT&T, quien aprovechó el púlpito de un evento del sector en Utah, Estados Unidos, para recordar que los operadores de telecomunicaciones quieren o necesitan compartir los costos de las infraestructuras.
En ese marco, el ejecutivo pidió que el Congreso estadounidense faculte a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para que las big techs hagan sus contribuciones al Fondo de Servicio Universal (USF, por sus siglas en inglés).
Tal como lo reflejó Reuters, el ejecutivo sostuvo que “las siete empresas más grandes y rentables del mundo construyeron sus franquicias en Internet y en la infraestructura que proporcionamos” y se preguntó: “¿Por qué no deberían participar para garantizar un acceso asequible y equitativo a los servicios de hoy que son tan indispensables como las líneas telefónicas de antaño?”.
Inclusive, la agencia recuerda que la regulación local actual impone tarifas a los suscriptores de servicios de telefonía celular y fija para financiar al USF, cuyo gasto anual ronda los 8.000 millones de dólares; y que el debate se reavivó en ese territorio porque un programa gubernamental de subsidio a Internet de banda ancha, que utilizan 23 millones de hogares, se quedó sin dinero en mayo. Inclusive, señala que ese programa se canceló una vez que la Casa Blanca instara, aunque sin éxito, a que el Congreso otorgue fondos adicionales por 6.000 millones de dólares.
El planteo de AT&T no es nuevo, ni solitario.
Hace tres semanas, la Comisión Canadiense de Radio, Televisión y Telecomunicaciones (CRTC) impuso a los servicios de transmisión en línea la contribución del cinco por ciento de sus ingresos al sistema de transmisión y generación de contenidos, como consecuencia de la implementación de la Ley de Steaming. El caso, por sus características, exhibió cómo se podría incorporar la herramienta tantas veces discutida en la industria.
Para la GSMA este tipo de enfoque es “esencial” para garantizar la existencia de una política de conectividad consistente; en coincidencia con la mirada de la Asociación Europea de Operadores de Redes de Telecomunicaciones (ETNO) y su par coreana KTOA.
En Europa la trayectoria del debate también es vasto e incluye las acciones desarrolladas por una coalición de empresas de contenidos del Viejo Continente, el Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), y hasta el regulador de las telecomunicaciones en Bélgica (BIPT). Sin embargo, en diferentes momentos y con variados argumentos, la coincidencia radicó en señalar que la solución no era el pago de un canon.
En la región, a su vez, es Brasil el país en el que más se abordó el plateo, al punto que Juscelino Filho, titular del Ministerio de Comunicaciones de Brasil (MCom), admitió trabajar en la creación de un instrumento tributario para que las tecnológicas hagan su aporte al desarrollo de la conectividad en el país.
