Desde hace bastante tiempo, Brasil plantea -en sintonía con voces de diversas latitudes- la necesidad de avanzar con alguna iniciativa que involucre el aporte de las big techs a las estrategias de conectividad. Aunque en este caso, no se instrumentaría bajo el concepto de fair share sino como un impuesto que abulte los fondos de servicio universal.
Juscelino Filho, titular del Ministerio de Comunicaciones de Brasil (MCom), dijo a la prensa local que trabaja en la creación de un instrumento tributario para que las tecnológicas hagan su aporte al desarrollo de la conectividad en el país.
Aunque hace dos meses que en Brasil trascendió que se avanzaba en incorporar mecanismos como el de fair share, en sintonía con el planteo expresado hace cuatro meses en la agenda anual regulatoria presentada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), esta propuesta involucraría un gravamen que tendría por objeto beneficiar al sector de las telecomunicaciones pero para generar recursos que promuevan la inclusión digital.
Así lo reflejó TeleSíntese, por ejemplo, quien citó las palabras del funcionario: “No hay una decisión consolidada, es un tema que aún se discutirá. Las grandes tecnológicas ganan mucho dinero en Brasil, por lo que necesitan contribuir al país de alguna manera. Tenemos que estructurar algo para avanzar con la fiscalidad de las big techs, y para que todos estos posibles ingresos, o una parte importante de ellos, se dirijan a nuestro sector, a proyectos de inclusión digital. Si incluimos a estos millones de brasileños fuera de Internet, las grandes tecnológicas se beneficiarán”.
En ese marco, también se adelantó que la iniciativa está en desarrollo legislativo y que la idea sería crear un gravamen para que, mediante el Fondo para la Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (Fust) o de la creación de un nuevo fondo, una porción de esos recursos lleguen al sector. Y para despejar dudas Filho descartó el uso de recursos del Fust para anticipar las obligaciones establecidas en la subasta 5G. Los operadores que se hicieron del recurso disponen de hasta finales de la década para totalizar su despliegue con esta nueva generación móvil.
“Esta es todavía una discusión muy prematura, hay muchas otras políticas que están en primera línea y no tenemos todos los recursos disponibles en Fust para incluir esto en la agenda. En cuanto tengamos recursos del Fust para tener esta discusión lo haremos”, sostuvo Filho.
El tema del aporte justo forma parte de una discusión global, porque los números no cierran. En este debate, hay preguntas de sobra como, por ejemplo, acerca del rol de las estrategias de monetización por parte de los operadores y si es lícito compartir los costos, por citar dos. Y, por qué no, interrogarse también si un tributo es viable.
Hace algunas semanas, la industria móvil del Reino Unido advirtió que la estrategia de conectividad está ante un posible fracaso a la par que el regulador belga ya confirmó que los argumentos de la industria no están lo “suficientemente demostrados”.
