Con el mismo espíritu que la licitación concretada a finales de 2021, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) de Brasil aprobó el proceso de licitación para adjudicar espectro en la banda de 700 MHz. Al igual que en aquella oportunidad, el objetivo será priorizar el despliegue de redes que amplíen la conectividad antes que recaudar. A diferencia de aquel primer llamado, se tomaron decisiones destinadas a evitar los problemas que se produjeron luego de esa convocatoria, como la devolución de espectro de parte de los adjudicatarios, como lo sucedido con Winity.
La aprobación de esta nueva llamada se produjo en la tarde del miércoles, y sigue los lineamientos establecidos por el Ministerio de Comunicaciones (MCom), dados a conocer también en estos días. Ahora, el texto debe llegar al Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que debe brindar su visto bueno. De eso dependerá la definición de la fecha de esta convocatoria. Este camino se logra luego de un largo proceso de consultas públicas abierto al sector.
La próxima subasta, cuya fecha aún no fue definida, se concretará en tres rondas. En la primera, se pondrán a disposición cinco bloques regionales de 10 MHz + 10 MHz, donde los operadores que ya tienen frecuencias en la banda de 3.5 GHz podrán participar aunque con limitaciones. Ninguna compañía podrá hacer ofertas por más de dos regiones.
En una segunda ronda, se licitarán dos bloques de 5 GHz + 5GHz por región. Al revés que en el caso anterior, aquí los pequeños prestadores sí podrán efectuar ofertas por más de dos regiones y sin ningún tipo de limitación. Un especie de invitación a que encaren inversiones y despliegues más amplios a los que ya poseen o que vayan más allá de sus áreas de influencia. La limitación que sí se contempló en este caso es que el oferente no puede estar en un proceso de transferir el control a una compañía que ya tenga espectro en esa banda. Pareciera ser una exigencia que tiene en cuenta el escenario de fusiones y adquisiciones que transita el sector en este país.
La tercera ronda vuelve a abrirles las posibilidades a los grandes operadores nacionales para sumar espectro. A esa altura, podrán hacer ofertas sobre las áreas en las que no se recibió ningún tipo de propuesta.
Todo a la contraprestación
Al igual que en la primera licitación de 5G, el precio que ofrezcan las prestadoras por las bandas que quieran adjudicarse se traducirá contraprestación, es decir, en despliegues de redes. Vale la pena enfatizar: el Estado de Brasil no recibirá dinero como parte de ese espectro que distribuirá sino que pretende que las compañías sigan invirtiendo en conectividad. Tal vez esto explique por qué este país logró que se cumplan con las metas de cobertura 5G antes del tiempo previsto en los pliegos de 2021.
Este punto también tuvo definiciones concretas. Las contraprestaciones incluyen, en primer lugar, la conexión de localidades de más de 600 habitantes en períodos de cinco años. Luego se deben conectar las seis principales carreteras correspondientes a cada región, por ejemplo, la BR 101, que atraviesa el litoral del país; la BR 116, que es la ruta más extensa del país; y la BR 135, BR 163, BR 242 y BR 364.
La cobertura de las carreteras fue una de las obligaciones que también se habían establecido en la licitación de 2021 y que quedó en suspenso luego de la decisión de Winity de devolver ese espectro que, ahora, se relicitará bajo una nueva modalidad, aunque con objetivos muy similares a los de aquel momento.
Si bien las fechas de cumplimiento de la conectividad en carreteras también se conocerán a futuro, lo único que está claro ahora mismo es que la BRA 101 deberá completarse, sí o sí, en 2026.
4G nunca se olvida
Otra prioridad establecida en el texto aprobado por la Anatel establece que aquellas localidades que no cuentan con 4G y que se encuentran dentro de las zonas adjudicadas, deberán ser cubiertas con esa tecnología por aquellas prestadoras que se hayan adjudicado esas áreas. Para ello, habrá que tener en consideración el tamaño de la población -en orden decreciente- además de haber cumplido previamente con las prioridades uno y dos, la de localidades de más de 600 habitantes y carreteras.
Imagen: Garry Knight/Flickr
Estas obligaciones deberán ejecutarse en un plazo de cinco años como máximo. Lapso que es coherente con la entrega de las licencias que estarán en poder de los adjudicatarios hasta 2044. Un horizonte de largo plazo que, en un escenario donde el negocio en torno a 5G escasea, pareciera ser coherente con esta situación.
La cuestión ambiental también formó parte de este texto, que puede accederse desde aquí. Y no es un tema menor por cuanto se trata de la primera definición de la Anatel en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Este punto no da lugar a titubeos: las operadoras que se hagan de espectro tendrán que presentar un informe anual en el que demuestren la implementación de este tipo de políticas. Sostenibilidad, inclusión y gobernanza deben ser las prioridades. Si bien no es excluyente, que se haya incorporado este aspecto es una muestra de que habrá que tenerlo bien en cuenta porque será un compromiso permanente a futuro.
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