Durante más de una década, el sector de las telecomunicaciones ha tratado de contener el avance de las llamadas no deseadas y fraudulentas. Desde los registros “No llame” implementados en varios países a comienzos de la década pasada, hasta protocolos técnicos como STIR/SHAKEN y los sistemas de bloqueo impulsados por inteligencia artificial (IA), los esfuerzos han sido numerosos.
Pero algo no ha funcionado del todo. En lugar de disminuir, el fenómeno del spoofing —la suplantación maliciosa de números telefónicos— se ha sofisticado y globalizado, erosionando la confianza en el canal más básico de las comunicaciones modernas: la voz.
Esta semana, el regulador británico Ofcom ha propuesto un nuevo paso en esta lucha de largo aliento al exigir que los operadores retengan el identificador de llamadas en aquellas comunicaciones que aparentan provenir de números móviles británicos desde el extranjero, salvo que puedan verificar su legitimidad.
El objetivo es claro, cortar el acceso que bandas internacionales tienen a los prefijos locales, aprovechando que los usuarios tienden a responder llamadas móviles nacionales con mayor facilidad que a números internacionales o restringidos.
La propuesta llega en un momento en que el problema sigue siendo masivo. Según Ofcom, en febrero de 2025, el 42 por ciento de los usuarios reportó haber recibido una llamada sospechosa en los tres meses anteriores. Una de cada cuatro personas está dispuesta a responder un número móvil desconocido del Reino Unido, frente a apenas uno de cada diez que respondería a una llamada internacional. En otras palabras, los estafadores no solo se infiltran en las redes; se aprovechan de los hábitos psicológicos del receptor.
Parte de la inercia frente al problema puede explicarse por una paradoja y es que aunque las llamadas de voz siguen siendo ampliamente utilizadas, el servicio en sí ha perdido prácticamente todo su valor comercial. Ya nadie paga por minuto. En muchos mercados, se percibe como un “comodín” incluido en los paquetes de datos, sin peso en la decisión del consumidor ni en los ingresos del operador.
La voz se ha convertido en un servicio desatendido por su baja rentabilidad pero que tiene un alto costo cuando es vulnerado. El resultado es una desconexión peligrosa entre el valor económico y el valor social del canal.
Porque el spoofing no es solo una molestia comercial; es una cuestión de seguridad ciudadana. Las estafas telefónicas afectan a personas vulnerables, erosionan la confianza en instituciones, suplantan autoridades fiscales, bancarias o migratorias, y, en algunos casos, incluso socavan procesos democráticos.
En enero de 2024, se documentó el uso de voces clonadas por IA para simular al presidente de Estados Unidos, en un intento de disuadir a votantes de participar en las primarias. El fraude ya no solo entra por los ojos, también lo hace por los oídos.
Sería injusto decir que el problema se ha ignorado. A lo largo de los años, los actores del ecosistema —operadores, reguladores, fabricantes y tecnológicas— han desplegado soluciones puntuales: listas de exclusión voluntaria, prefijos obligatorios para identificar llamadas comerciales (como el 0303 en Brasil), filtros automáticos de spam en las redes, y estándares de autenticación como STIR/SHAKEN. Algunas de estas medidas han funcionado parcialmente. En el Reino Unido, el trabajo conjunto de operadores y regulador logró bloquear más de un millón de llamadas fraudulentas al día a finales de 2024.
Pero los resultados han sido fragmentados. Las llamadas de spam siguen creciendo. Solo en el primer trimestre de 2025, según Hiya, se identificaron más de 12.500 millones de llamadas sospechosas a nivel global —unas 137 millones por día—, y una de cada tres llamadas de números desconocidos fue catalogada como no deseada.
Estas cifras no solo muestran la persistencia del problema, sino también su escala creciente, a pesar de las múltiples iniciativas regulatorias y tecnológicas implementadas en los últimos años.
En países como Brasil, los usuarios ya recibían un promedio 26 llamadas spam al mes en 2024 y si bien los datos no se han actualizado, seguramente esta cifra haya aumentado. El problema se ha convertido en un fenómeno global, con modalidades localizadas, por ejemplo fraudes bancarios en América Latina, suplantación de agencias tributarias en Reino Unido, estafas vinculadas a Medicare en Estados Unidos.
Además, los atacantes han escalado su arsenal. La IA les permite ahora falsificar voces, automatizar esquemas y sortear mecanismos de detección tradicionales. Frente a eso, los operadores han empezado a responder también con IA adaptativa, como en el caso de O2, que analiza 50 millones de llamadas por mes y ha reducido drásticamente la duración y tasa de respuesta a llamadas marcadas como sospechosas. Pero la velocidad de adaptación criminal es alta, y la coordinación entre actores, aún limitada.
La propuesta de Ofcom apunta al centro del problema y es que si no se puede verificar un identificador, no se debe mostrar como confiable. Es un principio técnico con implicaciones estratégicas. La misma lógica que usamos en el correo electrónico —con filtros anti-phishing— o en la web —certificados HTTPS— debe aplicarse ahora a la voz.
Pero para que eso funcione, no basta con que actúe el regulador. Es necesario un esfuerzo coordinado de los operadores —filtrando llamadas no verificadas—, los fabricantes —facilitando visualización clara del riesgo en la interfaz del dispositivo—, y los proveedores tecnológicos —desarrollando modelos predictivos más sofisticados—. La restauración de la confianza en el canal de voz no puede depender solo del eslabón final de la cadena: el usuario, porque no funciona.
Lo que está en juego no es solo la reputación del servicio telefónico, sino el derecho a comunicarse sin ser vulnerado. La voz puede haber perdido su peso en los balances financieros, pero no ha perdido su relevancia como vector de confianza, persuasión o manipulación. Y si se permite que siga degradándose, el costo no lo pagará solo la industria, sino la sociedad.
