El sector de las telecomunicaciones, del comercio y hasta la industria de Puerto Rico levantaron la voz de manera conjunta para oponerse al proyecto de ley PS 615 sancionado por el Senado que le da vía libre a los alcaldes para que apliquen tributos a los servicios de telecomunicaciones a piacere. De promulgarse esta iniciativa, los usuarios tendrán que pagar mucho más caros sus servicios ya que se verían incrementados entre un 40 a más de 100 por ciento, según cálculos estimados en el sector.
La Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) está al frente de una movida en la que se nuclearon los distintos actores de la industria para oponerse al PS 615. Esa norma redefinió el “canal de voz” con el objetivo de incluir a los múltiples servicios de telecomunicaciones existentes y abrió la puerta para que los municipios cobren nuevos impuestos sobre líneas móviles, Internet y otros servicios. Los alcaldes festejan, por supuesto. Pero los que van a pagar la factura más cara serán los consumidores. No sólo porque verán incrementados los montos de sus abonos y servicios sino porque, de este modo, se aleja cualquier intento de reducción de la brecha digital.
“La medida fue aprobada sin consulta pública y ha recibido amplias críticas por parte de sectores industriales y técnicos, que advierten efectos negativos en equidad digital, inversión y competitividad”, informó la APT a través de un comunicado que lleva la firma de su presidente, Pedro G. Andrés.
Como pocas veces cuando se sancionan normas inconsultas y alejadas de los objetivos vinculadas a la mejora de las condiciones y acceso de la ciudadanía al desarrollo y al progreso, esta vez todo el arco de la industria TIC y de otras actividades económicas se unieron para reclamar por esta norma. Se trata de una iniciativa que está muy lejos de los principios establecidos dos años atrás cuando se anunció el Programa de Banda Ancha de Puerto Rico.
Datos que hablan por sí mismos
Hay razones de sobra. Hasta 2022 sólo el 52 por ciento de los hogares de Puerto Rico contaba con banda ancha fija y un 51 por ciento tenía computadora. Aunque la penetración de Internet alcanza en la actualidad al 87,3 por ciento de la población esto se logra por medio de los servicios móviles que, de avanzar esta norma, se verán fuertemente impactados. La brecha se amplía a medida que se sube en la edad de la población.
Lo más significativo es que en 38 municipios de Puerto Rico -sobre un total de 78 comunas- los hogares conectados están por debajo del 50 por ciento, lo que evidencia las desigualdades en términos de infraestructura y acceso según se viva en zonas urbanas o remotas. Por eso, el PS 615 está generando semejante nivel de rechazo.
Imagen: Michael Mraczek/Unsplash
Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio de Puerto Rico advirtió sobre el impacto directo al bolsillo del consumidor y el riesgo de una mayor brecha digital. “Al pretenderse ampliar la definición de ‘Canales de Voz’, haciéndolo extensivo a los teléfonos celulares, con el proyecto del Senado 615 se busca imponer un impuesto sobre los más de 4 millones de teléfonos celulares que operan en la isla”, expresó Margaret Ramírez Báez, presidenta de la Cámara.
En el mismo sentido se expresaron otros referentes, como Internet Society Puerto Rico, el PR 5G Zone, la Cámara de Comercio al Detal y la Asociación de Industriales de Puerto Rico, como también la Alianza Latinoamericana de Telecomunicaciones que, en la voz de su presidente, José Otero, expresó que “imponer un impuesto basado en el uso del término ‘canal de voz’ no solo es técnicamente obsoleto y jurídicamente ambiguo, sino que también pone en riesgo la inclusión digital y podría encarecer servicios públicos esenciales como el 911 o la telemedicina. Este tipo de medidas fiscales desincentiva la inversión en redes modernas, contradice los principios de conectividad universal promovidos tanto por Puerto Rico como por los Estados Unidos, e ignora las mejores prácticas internacionales definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones”.
Inconsulto e inentendible
El PS 615 fue aprobado por la Legislatura sin consultas ni vistas públicas, lo que resulta altamente preocupante para muchas organizaciones en la isla. Por este motivo, el presidente de la APT, destacó la relevancia de este frente unido y agradeció la expresión pública de estos y otros grupos profesionales y sectoriales.
“Que tantos sectores distintos se hayan unido en oposición al PS 615 no es casualidad. Este proyecto no solo afectaría al consumidor puertorriqueño, sino que tendría un impacto directo en múltiples sectores económicos del país. Es una medida que crea un efecto en cadena perjudicial para la economía, la inversión y la estabilidad de servicios esenciales”, añadió Andrés.
Por esta razón, la APT reiteró su llamado urgente a la Gobernadora de Puerto Rico a que no firme el Proyecto del Senado 615.
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