El Reglamento de Ciberseguridad de Costa Rica recibió otro apoyo judicial

El Reglamento de Ciberseguridad para redes 5G y superiores de Costa Rica recibió otro apoyo judicial, aún a pesar de sus objeciones. Esta vez, fue el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, a través del voto N° 355-2025-I, quien reafirmó su mirada y rechazó la medida cautelar interpuesta por la Federación del Frente Interno de Trabajadores del Grupo ICE (FIT), que buscaba dejar sin efecto su implementación.

Sí, el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G), delineado en 2021 pero oficializado en 2024 y cruzado por casi una decena de recursos legales, logró un nuevo fallo judicial que lo avala. Hace siete meses ya se había expesado en el mismo sentido, hecho que se sumó a una declaración oficial de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que se descartó que el Reglamento violara el orden constitucional, además de haber logrado que una sala Constitucional local se pronunciara en el mismo sentido. Y van.

Buena parte del debate que gira en torno a esta normativa radica en la prohibición de equipamiento que no cuente ciertos estándares de seguridad y que fue entendido como una prohibición directa a los provenientes de, por ejemplo, China. Sucede que el país asiático no adhirió, por ejemplo, al Convenio sobre la Ciberdelincuencia, realizado en Budapest y que este reglamento valora como “un instrumento jurídico fundamental en la lucha contra la ciberdelincuencia, cuyo propósito principal es prevenir, investigar y sancionar los delitos cibernéticos, fortalecer la seguridad de los sistemas de información y fomentar la cooperación internacional en esta materia”.

Otra medida cautelar caída

La medida cautelar presentada por la federación de trabajadores del ICE buscaba “suspender todo el reglamento o, alternativamente, los artículos sobre los requisitos para proveedores en licitaciones de telecomunicaciones”, por considerar que afectaría el funcionamiento del sector.

Hubert Vargas Picado, Viceministro de Telecomunicaciones, del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) celebró la medida por valorarlo como “nuevo respaldo a las decisiones que tomamos en el Micitt desde agosto de 2023, pues el Tribunal reconoció que el reglamento cumple con una obligación constitucional de proteger la ciberseguridad nacional y los datos personales y sensibles de la ciudadanía”.

Según el comunicado oficial, el Tribunal descartó la solicitud por valorar insuficiente la prueba presentada. La Justicia “desestimó la petición al concluir que los estudios presentados para probar un daño grave carecían de solidez”, a la vez que precisó que la resolución judicial señala que “la evidencia, incluido el informe elaborado a petición de Huawei Technologies de Costa Rica S.A. al CINPE-UNA , se basaba en posibilidades  —”puede” o “podría ser”— y no en hechos contundentes sobre un daño potencial”, dijo el anuncio.

“Además el voto reconoce que efectivamente esta medida interpuesta por el FIT produjo un atraso significativo para el ICE debido a la suspensión de un proceso de licitación que duró aproximadamente un año, lo que obligó a declarar desierta la primera licitación por razones de interés público”, agrega la misiva oficial.

Contexto 5G

Hay que recordar que hace dos meses, el país culminó su proceso de subasta y asignación de espectro radioeléctrico para 5G, y que la apuesta pasa por utilizarlo como un trampolín para impulsar su desarrollo, tal como lo detalla el informe reciente publicado por TeleSemana.com.

Pixabay – Elchinator

Por estos dias, los operadores están en pleno despliegue de sus infraestructuras en cumplimiento de un reglamento que está vigente en casi su totalidad. Uno de esos ejemplos los dio Liberty, quien acaba de recibir una inyección de 100 millones de dólares de parte del BID Invest  para robustecer infraestructura digital: ampliar la cobertura 5G y mejorar el acceso a Internet de alta velocidad en el país.

En ese sentido, el Tribunal destacó que este reglamento tiene el “objetivo de garantizar la intimidad, privacidad y protección de datos personales de los usuarios” y justificó su uso de cara a la masividad de la tecnología 5G, que implica el manejo de grandes cantidades de datos e información personal y sensible, que lo justifican.

“Además enfatizó que el reglamento responde a una obligación constitucional del Estado de proteger la seguridad nacional y la ciberseguridad. La resolución indica que suspender un reglamento que regula un tema ´tan sensible como la seguridad cibernética´ sería desproporcionado ante la falta de acreditación de un daño grave por parte del FIT”, concluyó el Micitt.