¿Más impuestos en la Argentina? Las TICs cuestionan proyecto legislativo que sumaría cargos

La Argentina avanza en la reinstalación de un viejo impuesto a las telecomunicaciones que involucró gravar con una tasa del uno por ciento de la facturación de la telefonía móvil y financiar al deporte de alto rendimiento. Se trata de una tasa que funcionó hasta 2017 y que podría reinstalarse en una coyuntura compleja, no sólo por sumarse al otro uno por ciento que el sector aporta históricamente al Fondo de Servicio Universal, hoy en proceso de cambio; sino porque el sector identificó que los grandes inhibidores del desarrollo de la conectividad pasan por la carga impositiva para los prestadores y la asequibilidad para los usuarios.

Avanza el trámite legislativo del proyecto de modificación de la Ley 26.573, tendiente a financiar al nuevo Consejo Federal para el Alto Rendimiento Deportivo (COFARD), que prevé sumar un impuesto del uno por ciento a la facturación de las empresas del sector que, a diferencia de la experiencia anterior, no sólo involicraría el aporte de las operadoras móviles sino de todas las empresas del ecosistema que sean licenciatarias de servicios TIC y posean más de 10.000 clientes. Este tratamiento acaba de lograr el dictamen positivo y se espera su posible debate en el recinto de Diputados.

Los cuestionamientos

Entre las voces que se expresaron al respecto, se encuentra la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet), quien valoró que incorporar cargas fiscales adicionales al sector TIC en el país perjudicaría tanto en el despliegue como en el acceso a la conectividad.

“En Argentina y la región, los operadores enfrentan un contexto de fuertes regulaciones, altas cargas impositivas y caída de ingresos por usuario, al tiempo que deben afrontar grandes inversiones de capital para la expansión de las redes. El nuevo cargo del 1 por ciento sobre la facturación de las empresas TIC propuesto en el proyecto que modifica la Ley 26.573, amenaza con frenar la inversión, deteriorar la competitividad y desalentar la expansión de los servicios”, dijo Asiet en el comunicado en el que dejó en clara su preocupación al respecto.

“Este proyecto introduce una carga fiscal distorsiva, regresiva y ajena a la naturaleza del sector, afectando tanto a las empresas como a los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones” dijo Asiet en su misiva y señaló que impactará sobre los usuarios y en los costos de operación, “sumado a que Argentina es uno de los países con mayor carga tributaria sobre los servicios digitales en América Latina”.

En el país, el 82 por ciento de los hogares posee conexión a Internet, a la vez que hay 135 por ciento de penetración de líneas móviles, aunque la coyuntura económica aplasta el consumo y, con ello, la asequibilidad junto a la carca impositiva, se instala entre las principales barreras de desarrollo y acceso, tal como lo demostró el último reporte de la Cámara Argentina de Internet. Inclusive, hace tan solo ocho meses el sector pedía la reducción de aquella carga fiscal.

Pero Asiet también citó indicadores de su Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (cet.la), en el que estimaron que los operadores en la región necesitarán destinar 49.000 millones de dólares para responder a las crecientes demandas del sector, repartidos entre los 17.000 millones de dólares requeridos para ampliar la cobertura de redes fijas y móviles y otros 32.000 millones de dólares que se necesitan para incrementar la capacidad necesaria para gestionar el aumento proyectado en el tráfico a 2030.