Más de dos millones de líneas móviles activas de México están vinculadas a una persona usuaria luego que comenzara a regir el plazo que va desde el 9 de enero y hasta el 30 de junio de 2026 para los chips que están en uso. La cifra exacta que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ofreció a TeleSemana.com data del 18 de enero da cuenta de 2.734.554 líneas móviles registradas.
La noticia se enmarca en la campaña de difusión que el gobierno local, a través de la Agencia de Transformación Digital local (ATDT), realiza para darle visibilidad da la medida y traccionar la concreción de los registros; aún con todas las críticas ya varias veces expuestas.
Por ejemplo, en un reciente post de la ATDT en la red social X (aqui), se ofrece el recorte de la presentación realizada en una mañanera conferencia de prensa en la que la presidenta del país, Claudia Sheinbaun, aborda diferentes temas de interés público.
En este caso, el proceso y el avance del registro de líneas de celulares y definiciones apunta a garantizar la seguridad ciudadana con la certeza de la asociación de una línea con una persona física. También, recordar que el proceso y el resguardo de los datos está a cargo de las operadoras de telecomunicaciones, en apego a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Esta aclaración importa porque supone que el procedimiento no involucra la creación de una base única de usuarios, como tampoco el guardado de datos biométricos, aclaraciones que ofreció el gobierno para calmar dos cuestionamientos muy reiterados, vinculados a las iniciativas predecesoras, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).
Inclusive, se precisó que el gobierno no tiene acceso a las bases de datos y únicamente, en el caso de comisión de un delito, las autoridades de investigación podrán solicitar a las empresas información adicional en los terminos del marco del Codigo Penal; y que este proceso (que es posible de hacer de forma presencial o virtual) es sólo para las personas mayores de edad.
Sin embargo, el tema sigue generando debate tanto por lo concerniente al respeto de la privacidad y la duda que pesa sobre la capacidad de esta herramienta para evitar/prevenir el fraude o la violencia; a la vez que los costos que su implementación generan para los operadores móviles, sobre todo los de menor porte.
