Brasil identificó la necesidad de robustecer toda infraestructura de telecomunicaciones que sea posible, para el país y la región considerada como Sur Global. Con esa visión hacia el interior de su desarrollo y hacia la perspectiva regional y hemisférica, se concentró en la actualización de su normativa vinculada a los cableados submarinos. Por estas horas, y a días de haber participado de forma activa de la última reunión del Organismo Asesor Internacional para la Resiliencia de Cables Submarinos (OAI) para crear la Declaración de Oporto, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) consensuó la inclusión del tema en la Agenda Regulatoria 2025-2026. La otra gran novedad de esta planificación del bienio involucra el aplazamiento de la subasta de espectro en la banda de 6 GHz.
El plan es ambicioso y pondera, por ejemplo, realizar una consulta pública sobre el tema durante el primer semestre del año, -que se sumaría a la realizada un año atrás- para mejorar el análisis del impacto regulatorio, “garantizando que la nueva normativa refleje las necesidades y expectativas de los diversos actores involucrados”, dijo la Agencia, y calificó a los cables submarinos como “una línea ferroviaria de alta velocidad: transportan mucha más carga, a mayor velocidad y sin interrupciones”.
Ceará, Brasil – Unplash- Artur Oliveira Leme
Sucede que la Anatel entiende que las grandes extensiones de costa atlántica del país hacen que Brasil dependa de este tipo de infraestructura, al momento de pensar garantizar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones y el funcionamiento de aplicaciones en la nube, inteligencia artificial y otras tecnologías que resultan esenciales para la economía digital; pero también su sistematización podría sumar competitividad.
“Los procedimientos estandarizados y los plazos definidos pueden reducir significativamente los costos y hacer que el país sea más competitivo para atraer inversiones en infraestructura”, afirmó el consejero Alexandre Freire.
Pero también la necesidad de crear parámetros y lineamientos en relación a un tipo de infraestructura sobre el que descansan las futuras conexiones y las actuales inversiones, como es el caso de las Infovías, en cuyo proceso se están cableando los cauces de los ríos que transitan la amazonía.
Así, esta actualización de las normas para cables submarinos se alinea con los objetivos estratégicos de Anatel para 2023-2027, y entre los que se destacan la apuesta por lograr la conectividad universal, el propiciar la estimulación de mercados dinámicos y sostenibles, a la vez que fomentar la innovación tecnológica, con estándares de seguridad (física y digital) y transparencia para su gobernanza.
Inclusive, con esta actualización aprobada de la agenda, la Agencia prevé desarrollar 39 (y no 31) iniciativas regulatorias en el año, además de prever realizar tres evaluaciones.
Sobre la cuestión del riesgo
En el recorrido de la normativa que pondera a las infraestructuras submarinas, el regulador destacó que en 2015 ya los incluyó entre la cuestión de riesgo de las redes de telecomunicaciones y que en 2020 se suman entre los alcances de protección previstos en el reglamento de ciberseguridad, actualizado en 2024 y donde los señala a los cableados submarinos como infraestructura crítica.
La recientemente formulada Declaración de Oporto, por la OAI, al calor de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) y el Comité Internacional de Protección de Cables (ICPC), y donde la Agencia brasilera cuenta con la representación del superintendente ejecutivo Gustavo Santana Borges.
En declaraciones ofrecidas tras el encuentro, Borges aseguró que “además de la fuerza política de la Declaración, las recomendaciones emitidas por la Entidad constituyen una guía eficaz para abordar concretamente los desafíos existentes” y destacó que se trata de recomendaciones que “cuentan con un sólido consenso técnico”.
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¿Y la subasta de recursos en la banda de 6 GHz?
La ampliación de la agenda regulatoria brasilera, involucra, sobre todo, la disponibilidad de recursos espectrales para subastar en el mercado, en bandas como 450 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 2.3 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, relacionadas con el desarrollo de 4G y 5G; junto con el aplazamiento de la subasta de espectro de recursos en la banda de 6 GHz.
Según supo el medio local TeleSíntese, la licitación de espectro ubicado en la banda de 6425–7125 MHz que estaba fijada para el primer semestre de 2026 será reprogramado para 2028, y el medio también descartó que esta reagenda estuviera vinculada a una revisión respecto al uso de la banda.
Pero volviendo a la Agenda regulatoria actualizada, la prensa local también advirtió sobre el reajuste de plazos vinculados a la evaluación de iniciativas vinculadas a la compartición de redes y reglamentos específicos, como el de accesibilidad o del nuevo reglamento interno de la Agencia, entre otros.
Según Teletime, la revisión sumó dos iniciativas que buscan mejorar la gobernanza institucional y robustecer los mecanismos de participacín, a partir de la creación del Comité de Implementación de Políticas Públicas (CIPP) y del Centro de Mediación y Soluciones Consensuadas (CEMESC), propuesto por los asesores Octavio Pieranti y Edson Holanda, respectivamente.
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