Hace un tiempo, Perú puso en debate público el desenvolvimiento medioambiental del sector de las telecomunicaciones para actualizar una normativa vigente desde hacía once años, y eso se tradujo en la aprobación del Decreto Supremo N° 023-2024-MTC en diciembre de 2024 y, con ello, del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Comunicaciones (RGASC). Sin embargo, desde su promulgación, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) planteó que había identificado la necesidad de optimizarlo para acelerar el despliegue de infraestructura, con medidas de “shock desregulador” que aún no fueron definidas. Por ello, operadoras de telecomunicaciones y entidades que representan a los diferentes actores de la industria, como la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) y Bitel, reclamaron avances en tiempos de despliegues de redes de 4G y 5G.
Sucede que, durante 2025, el MTC publicó una consulta pública con los lineamientos que, meses más tarde, se tradujeron en normas complementarias. Un ejemplo de los cambios fue el determinar que algunos proyectos ya no requerirían certificación ambiental para su concreción, como es el caso de ciertos cableados aéreos y subterráneos de corta distancia, en este caso, para dinamizar la cobertura de la última milla.
Si bien en febrero de este año, la Resolución Ministerial N° 648-2025-MTC/01.03 dispuso la publicación del proyecto de Decreto Supremo que modifica específicamente el RGASC; la aprobación final de las modificaciones aún no se concretó. Y esto es, justamente, lo que plantea la industria.
Con todo, se trata de un reglamento que normativiza el impacto ambiental de los proyectos de telecomunicaciones, incluyendo el despliegue de infraestructura. Alli se definen procedimientos administrativos como instrumentos que buscan que las empresas corrijan impactos ambientales de antenas ya instaladas que operaban en un vacío normativo, como es el caso de los IGA, siglas de Instrumentos de Gestión Ambiental, o el PAMA, siglas de Programa de Adecuación y Manejo Ambiental para las iniciativas que no poseen un IGA previo. Inclusive, crea un registro de consultoras ambientales especializadas en el sector comunicaciones y funda sus perspectivas en una visión del desarrollo sostenible, la ecoeficiencia y la participación ciudadana.
Los detalles del reclamo
“Desde Asiet, consideramos que la pronta publicación de la modificación del reglamento contribuiría a restablecer la predictibilidad regulatoria, fortalecer la confianza de los inversionistas y acelerar el despliegue de infraestructura necesaria para cerrar la brecha de conectividad, especialmente en zonas rurales y de difícil acceso, donde el acceso a servicios digitales resulta clave para el desarrollo social, económico y productivo”, dijo la Asociación en una misiva en la que también planteó que “la demora en la publicación de dicha modificación viene generando un escenario de incertidumbre que impacta en la planificación de inversiones en infraestructura digital, particularmente aquellas asociadas al despliegue de redes 4G y 5G”.
“La versión original del reglamento, publicada en diciembre de 2024, introdujo exigencias ambientales de carácter general que, en la práctica, equiparan a la industria de telecomunicaciones con sectores de mayor impacto ambiental, sin considerar adecuadamente la naturaleza, escala y bajo nivel de afectación ambiental que caracterizan al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones. Esta aproximación difiere de las mejores prácticas regulatorias internacionales, que reconocen el rol estratégico de la conectividad como habilitador del desarrollo sostenible”, consideró la Asociación y alertó que “la ausencia de un pronunciamiento definitivo por parte del Ministerio del Ambiente respecto de esta propuesta mantiene vigente una normativa que el propio Poder Ejecutivo ha identificado como susceptible de mejora, al haber incluido su modificación dentro del paquete de medidas del shock desregulatorio anunciado en 2025”.
Bitel, por su parte, difundió un artículo en el que reflexiona sobre el rol ambiental y comunicacional de los operadores y reguladores. “La regulación 5G en Perú desempeña un papel determinante en el ritmo de expansión de la conectividad de nueva generación. Si bien las exigencias ambientales son necesarias para garantizar un desarrollo responsable, resulta clave que los procesos sean eficientes, articulados y técnicamente coherentes para no frenar la innovación”, consideró y planteó la necesidad de que contar con “políticas que impulsen la inversión en infraestructura 5G en Perú, reduciendo brechas digitales y fortaleciendo la competitividad nacional”.
En ese sentido, Asiet subrayó que la conectividad es “un pilar fundamental para la inclusión digital, la competitividad y la sostenibilidad ambiental” pero también que la industria requiere normativas que posibiliten su desarrollo: “Contar con marcos regulatorios oportunos, proporcionales y alineados con estándares internacionales permitirá que el Perú continúe avanzando en esa dirección, en beneficio de sus ciudadanos y de su desarrollo de largo plazo”.
Mientras, según trascendió en la prensa internacional como Infobae, se habría pautado una reunión entre representantes del MTC, el Ministerio del Ambiente (MINAM) y los principales gremios empresariales del sector, como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional y AmCham; con el objetivo de debatir el caso este miércoles. Estas entidades, por caso, habían difundido una misiva en 2025 en la que planteaba su mirada en disconformidad.
Pero aún con todo este debate, el MTC anunciaba en diciembre que promovía una cartera de proyectos de inversión en telecomunicaciones por 830 millones de dólares. Había dicho que el plan se repartía en una primera ejecución de cuatro proyectos en 2026 para las regiones de La Libertad, Ancash, Pasco y Huánuco; y una segunda etapa, que tendría un horizonte hacia 2030, se enfocaría en achicar la brecha digital en la Amazonía y en las zonas fronterizas.
Inclusive, si el caso se pone en perspectiva regional, países como Colombia y Chile cuentan con sistemas de permisología que son más ágiles para facilitar y promover el despliegue de 5G.
Y aunque el debate sobre los lineamientos ambientales no es ocioso, la industria advierte que, en este caso, la discusión dejó de ser técnica para ser social: porque la conectividad colabora en la generación de economías regionales y habilita nuevas oportunidades sociales en zonas como la Amazonía, donde hay iniciativas de inversión vivas.
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