Los diputados brasileros avanzan en la aprobación de un proyecto legislativo que crea incentivos para que los pequeños proveedores regionales de Internet, que ya son la garantía de enlace del 63 por ciento de las conexiones, puedan desplegar sus redes y lleguen con conectividad a las zonas desatendidas del país, ya sea por ruralidad o por pobreza. Una iniciativa entre cuyas herramientas crea el Programa Nacional de Fomento a los Proveedores Regionales, pero que aún tiene varias instancias de debate antes de constituirse en norma.
Se trata de la aprobación del proyecto de ley sustitutivo presentado por el relator y diputado Julio César Ribeiro (Republicanos-DF), al proyecto 3211/25 del diputado Duda Ramos (MDB-RR), que logró la aprobación de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados de Brasil, para garantizar el acceso prioritario de los proveedores regionales al financiamiento que disponen los bancos públicos y el Fondo Universal de Servicios de Telecomunicaciones (FUST). El objetivo pasa por fomentar el despliegue de redes en comunidades remotas, rurales y tradicionales; a la par que tender alianzas entre estos pequeños prestadores con el sector público y lograr instalar puntos de acceso gratuito a Internet en escuelas, instituciones de salud pública, bibliotecas y plazas públicas.
Entre las incorporaciones que hace este nuevo texto, se destaca la definición del proveedor regional al que tenga una cuota de mercado nacional inferior al cinco por ciento del mercado minorista donde opera; a la vez que crea un grupo de seguimiento y de evaluación del programa, que estará conformado por representantes del gobierno, el organismo regulador, los bancos y los proveedores.
La información oficial –aqui– señala que otra de las modificaciones introducidas pasó por reemplazar la expresión de “universalización de los servicios” por “masificación del acceso”; como consecuencia de entender que “la universalización se aplica a los servicios prestados bajo un régimen público, mientras que Internet funciona según un modelo de explotación por parte de empresas privadas”.
Según lo refleja la agencia de noticias del cuerpo, Ribeiro precisó que, aunque estos ISPs regionales provean más del 63 por ciento de las conexiones fijas hogareñas de Internet, la falta de apoyo dificulta la expansión de estas redes, al asegurar que “las políticas públicas actuales todavía no reconocen debidamente la labor que realizan los proveedores regionales para reducir la brecha digital y las desigualdades regionales en el acceso a Internet”.
Este es uno de los puntos más finos del texto, porque más que un cambio semántico advierte una delimitación de responsabilidad jurídica. Por un lado, porque reconoce que el modelo de despliegue es privado y no público, un tema de negocio por sobre el derecho de universalizar el acceso (como en el caso de la telefonía, por ejemplo). Por el otro, genera el interrogante sobre el verdadero interés de correr al Estado en este marco, dado que el país ya dio fuertes señalas de haber erigido el acceso a Internet entre los servicios de aceso humano elemental y sobre el que los pequeños prestadores suelen presentar fuertes desafíos de sostenibilidad.
En ese sentido, es importante recordar que sin un backhaul asequible, los incentivos financieros del FUST podrían diluirse entre los costos operativos de interconexión con los grandes operadores que deberían afrontar los ISPs. También, preguntarse si el umbral de cuota de mercado fijado -establecido en el cinco por ciento del total- es el adecuado, dado que en un escenario de crecimiento, el operador pequeño podría perder los beneficios justo cuando comenzaría a necesitarlos para escalar el negocio.
Imagen creada con IA
Hay que recordar que, hace un año, el Ministerio de Comunicaciones del país anunció que destinaría hasta cinco millones de reales provenientes del fondo FUST para incentivar a los pequeños prestadores en su afán de expandir la banda ancha fija en zonas remotas y desatendidas, y prometió créditos por cada nuevo acceso instalado, priorizando municipios con baja conectividad. Se trató de una medida complementaria al Plan Nacional de Inclusión Digital (PNID) 2025, tendiente a diagnosticar y combatir la falta de infraestructura y la carencia de habilidades digitales que afecta a millones de ciudadanos.
Con todo, esta nueva propuesta tiene aún un largo camino por recorrer antes de ser normativa, si es que reúne el consenso necesario. Por ejemplo, asistir al análisis de la Comisión de Finanzas e Impuestos y la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía. Luego, ser aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado y, así, convertirse en Ley.
De momento, esto es lo que se conoce a hoy, junto con que aún pueden surgir cambios que multipliquen consensos.
CESAR
Excelente artículo que nos compartes estimada Noelia. Un tema de mucho interés que podría también ser aplicado en mi país, donde los proyectos públicos de cobertura de servicios de internet a instituciones públicas, como por ejemplo las instituciones educativas, resultan insuficientes y onerosos si se abordan desde un enfoque centralizado únicamente, y ameritan el apoyo y fomento a los proveedores regionales para el cierre de brechas en las zonas rurales.
Un saludo desde Lima – Perú.
César Rios Vásquez.
Noelia Tellez Tejada
Gracias por tu comentario, César. Coincido en lo intersante que resulta el tomar las experiencias exitosas que vemos en la región, para pensar su aplicabilidad en otras latitudes.
Son tantos los desafíos que impone el llegar con conectividad de calidad a la ruralidad, como su extensión.
Saludos, Noelia