Brasil sigue en el proceso de definición de su estrategia pública vinculada al cableado submarino. Después de haberlo anunciado hace un año y prometido una normativa regulatoria para enero de 2026, el debate sobre la cuestión de la ciberseguridad, la Defensa nacional y la soberanía amplificó el debate y aplazó la definición de una letra que acaba de ser puesta en consulta pública.
La Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) publicó la convocatoria a participar de una consulta pública que comienza este martes 26 de mayo y que se extenderá durante 45 días, para recabar las miradas que suscitan uno de los lineamientos estratégicos que forman parte de la Agenda Regulatoria 2025-2026: los cables submarinos.
El foco del debate está puesta en la cuestión de la ciberseguridad, de un modelo que busca atender los desafíos estratégicos que plantea el desarrollo de la infraestructura digital en Brasil; a un año del comienzo de la discusión sobre los cables submarinos en el país.
“Actualmente, aproximadamente el 99 por ciento del tráfico internacional de datos de Brasil pasa por cables submarinos. Estos cables dan soporte a las telecomunicaciones, la computación en la nube, los servicios financieros, el gobierno digital y la circulación global de datos. Esta consulta pública busca construir un modelo regulatorio moderno, seguro, resiliente y, sobre todo, atractivo para las inversiones», destacó el consejero Alexandre Freire, presidente del Comité de Infraestructura de Telecomunicaciones de Anatel, sobre una propuesta que logró la aprobación unánime del Directorio de la Agencia en el marco de la Agenda Regulatoria.
Un debate profundo
La soberanía digital, la seguridad nacional y la protección ambiental de Brasil están en el centro del debate y eso refleja el tratamiento que recibe el Proyecto de Ley n.º 270/2025, que se debate desde el 5 de febrero de 2025 (ver aquí) y que prevé sentar las bases de la Política Nacional de Infraestructuras de Cables Submarinos (PNICS) y, con ello, proteger, expandir y garantizar la sostenibilidad de estas redes, a las que cataloga de infraestructura crítica.
Imagen creada con ChatGPT
La propuesta plantea, por ejemplo, la prohibición de actividades que se realicen en aguas jurisdiccionales brasileñas y que puedan comprometer la integridad de los cables submarinos; también veda expresamente la aplicación de cobros de peajes de tráfico o contribuciones especiales (como, por ejemplo, de fair share) a estos tendidos subacuáticos y apuesta por el principio de neutralidad de red.
A su sombra, se planean crear tres instrumentos: la Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras de Cables submarinos, el Plan Plurianual de Seguridad (con metas, gestión de riesgos y ciberseguridad) y el Sistema Integrado de Datos de Seguridad, una plataforma centralizada tendiente a monitorear y mitigar incidentes.
Con todo, se trata de crear reglas que promuevan el despliegue, mantenimiento y reparación de los cables de conexión internacional pero que también atraigan inversiones, planteados como esfuerzos público-privados; estipula que cualquier instalación requiere licencias de múltiples organismos competentes (ambientales, telecomunicaciones, defensa, entre otros) y obliga a que las emporesas que oficien de operadoras lo hagan después de demostrar capacidad técnica y financiera, tener representación legal en el país y aplicar redundancias físicas (diversidad geográfica) para asegurar la resiliencia del servicio en caso de fallos; entre otros condicionamientos.
Hoy, el foco está puesto en la ciberseguridad
La Agencia lo sabe y lo dice: “los cables submarinos dan soporte a servicios esenciales para la economía digital, como las telecomunicaciones, la computación en la nube, los servicios financieros, las aplicaciones gubernamentales y la circulación global de datos”, pero también plantea que la seguridad física y cibernética de las redes plantea un desafío superador.
Inclusive, advirtió que estudios realizados en el marco de la actualización del Reglamento de Ciberseguridad Aplicado al Sector de las Telecomunicaciones generó un debate específico para la industria y que llevó a que Freire ampliara el espectro de alcance de lo que sería la estrategia de cableado submarino.
“La consulta pública tiene como objetivo fomentar una amplia reflexión sobre temas como la seguridad y la resiliencia de las redes, la diversificación geográfica de los puntos de aterrizaje, la gobernanza institucional, los incentivos para la expansión de la infraestructura digital, la monitorización de incidentes y la cooperación internacional”, dijo la Agencia en su anuncio y agregó que se propone debatir mecanismos que permitan fortalecer la seguridad física y cibernética de los sistemas y aumentar la previsibilidad regulatoria para las nuevas inversiones que este desarrollo demandará.
En ese marco, fue el superintendente interino de Planificación y Regulación de Anatel, Felipe Roberto de Lima, quien especificó que el primer paso para obtener información será “la captación de subsidios” y admitió que se trata de “un proyecto que apenas comienza y que pasará por varias etapas, obligatorias”, con el afán de determinar bien los lineamientos que integrarán el marco regulatorio.
Uno de los puntos que preocupa al regulador se centra en la concentración geográfica de los amarres, reunidos en Fortaleza, Río de Janeiro, Praia Grande y Santos; y que, según lo detalla el documento, “podría representar vulnerabilidades sistémicas para la conectividad brasileña, especialmente dada la importancia de los cables submarinos para la soberanía digital y la integración de Brasil en las redes globales”. Esto, en el contexto global actual no parece desatinado atender.
La seguridad de estas infraestructuras involucra algo más que las ciberamenazas, por eso, en octubre de 2025 había sido el Comité Brasileño para la Protección de Cables Submarinos (CBPC), quienes sugirieron al gobierno la utilización de recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) para co-financiar la participación de la fuerza Armada y de la Marina para la vigilancia y de defensa.
Defensa y penas
En un repaso por el trámite legislativo de la normativa propuesta, por ejemplo, se destaca el reciente informe oficial de la Comisión de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional (CREDN) de la Cámara de Diputados; redactado por el diputado relator Rodrigo Valadares, donde se subraya la altísima criticidad del proyecto, al precisar que el 95 por ciento del tráfico internacional de datos se mueve por estas infraestructuras; que Brasil posee 17 cableados submarinos activos y que Fortaleza se erige como segundo hub más grande del mundo.
Ceará, Brasil – Unplash- Artur Oliveira Leme
Allí, también repasa las recientes amenazas internacionales que sufieron este tipo d infraestructuras, como fue el sabotaje del gasoducto Nord Stream en 2022 o los ataques en el Mar Rojo y el Mar Báltico; para advertir que aunque en Brasil el mayor riesgo sea accidental por actividades de pesca de arrastre o anclas; la concentración de los tendidos que hay en Fortaleza representan una “gran vulnerabilidad estratégica ante ataques de la zona gris o los sabotajes híbridos”.
Inclusive, hay que recordar que el CBPC estudió el tema y registró seis cortes de cable en territorio brasileño en los últimos dos años, donde el 80 por ciento de los casos involucró a la actividad pesquera.
Pero la coyuntura global advierte otras urgencias y es por esto que Valadares también propuso sumar la mirada de otros organismos de seguridad institucional del país para evaluar los riesgos del caso e, inclusive, se cree una nueva tipificación de delito en el Código Penal local para criminalizar la “interrupción, sabotaje o perturbación de cables submarinos e infraestructura crítica”, a los que castigaría con penas severas de reclusión de entre ocho y 15 años.
De momento, y con el inicio de esta consulta pública de 45 días, Brasil avanza hacia la definición de sus propias reglas en materia de conectividad, resiliencia y robustez de infraestructuras crítica de telecomunicaciones. Su desafío es grande porque debe diseñar un marco regulatorio que proteja la soberanía y la ciberseguridad nacional, pero que también propicie las inversiones millonarias que estos tendidos demandan.
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