Desde hace una década, Brasil pone a la innovación y a los data centers en el centro del debate regulatorio. Y no lo hace a través de una única normativa, sino mediante diferentes iniciativas que invocaron diferentes debates -como el vinculado a la privacidad y a la ciberseguridad. La que hoy avanza, involucra un nuevo capítulo, donde la sostenibilidad del negocio de los data centers y su impacto ambiental, como consecuencia de la creciente demanda de inteligencia artificial (IA), son parte de la estrategia.
La Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de Brasil aprobó el Proyecto de Ley N° 1.680/2025, que crea la Política Nacional de Centros de Datos (PNPAD) y en el que se plantean las directrices que regirán las apuestas de implementación, operación y seguridad venideras.
Se trata de una sanción que abre la puerta a futuros análisis de las comisiones de Finanzas e Impuestos (CFT) y de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJC); para después pasar al Senado y, en caso de aprobarse, ser ley. Aún con todo ese camino por delante, la medida parece alumbrar la visión que reúne los mayores consensos y que se complementa con el ya vigente plan de incentivo fiscal, ReData.
“La economía digital se ha vuelto tan importante para el desarrollo de las sociedades modernas que es difícil imaginar el futuro de cualquier nación sin una fuerte presencia de la digitalización. Sin embargo, Brasil no tiene la centralidad y el protagonismo que podría tener en esta área, dado su tamaño y su importancia en el escenario mundial”, dice entre su argumentación y subraya que aunque existe un marco normativo robusto en el país, por ejemplo en materia de datos personales, valora que “una vertiente poco incentivada es la de la infraestructura, parte esencial para otorgar al país un protagonismo internacional y mejores servicios a nuestros ciudadanos. Prueba de ello es que hoy en día el país importa servicios, cuando podría estar exportándolos”.
“Las políticas de conectividad adoptadas hasta el momento se han enfocado en llegar a los usuarios con banda ancha. Sin embargo, la infraestructura para el establecimiento de una economía pujante no depende solo de eso. Existe una serie de otras estructuras necesarias para que los servicios estén disponibles. Por más que algunos términos nos remitan a la idea de la desmaterialización de la economía digital, como “computación en la nube”, no hay nada más engañoso. Todos estos servicios dependen de centros en los que los datos se almacenan y se procesan”, reza la iniciativa en su argumentación.
Se trata del avance de una iniciativa que promueve la expansión de la infraestructura tecnológica para el procesamiento de datos en el país y que crea Zonas Especiales de Procesamiento y Almacenamiento Digitales (ZEPAD); áreas prioritarias y previamente delimitadas por disponibilidad de terreno y viabilidad (financiera e infraestructural) para la instalación de este tipo de empresas y para las que se prevén plazos y condiciones estrictas. Por ejemplo, se les exige la promoción y el uso eficiente de energía, con baja emisión de carbono; en línea con las metas climáticas de Brasil.
También se podrían aprobar las iniciativas que no se enmarquen en el ZEPAD, aunque éstas no serían alcanzadas por los beneficios fiscales e incentivos previstos; al igual que no podrían formar parte de las contrataciones públicas.
Hay que recordar que la expectativa de negocio que hay detrás de este debate es grande. Según las estimaciones oficiales, el consumo global de energía eléctrica por centros de datos llegaría, en dos años, a entre los 620 y los 1.050 teravatios-hora (TWh), dependiendo del nivel de la evolución tecnológica alcanzada. Esto, según la Anatel, equivaldría a la demanda de energía de países como Alemania y Japón.
Pero los cuestionamientos también se centran en el consumo de agua. En ese sentido, el estado de Ceará es un caso emblemático, porque se lo valora como hub clave por ser un sitio de amarre de cables submarinos y porque existen iniciativas que evalúan recurrir a fuentes de agua dulce, como la de la transposición del Río São Francisco que es utilizado para el consumo humano y la agricultura regional, para la refrigeración de estas infraestructuras. Otro cuestionamiento frecuente radica en el retorno social que estas apuestas tendrían, caracterizadas por generar poco empleo directo. Sí, del mismo modo que la innovación resulta indetenible, sucede con el debate.
Algunos de estos planteos buscan tener respuesta en la ZEPAD. “Uno de los beneficios que se pueden imaginar con la creación de las ZEPAD es la planificación. Al situar estas zonas cerca de áreas productoras de energía, se disminuye el gasto y las pérdidas por transmisión. Lo mismo ocurre con la seguridad pública. Al saber dónde están situadas estas áreas, se las puede proteger mejor, ya que son críticas para el buen funcionamiento de una sociedad cada vez más digitalizada. Esto cobra aún más importancia en el escenario actual de crecimiento de los hurtos de cables de energía y de telecomunicaciones, los cuales han causado muertes, muchos perjuicios y una gran inestabilidad en las redes y en los servicios que se apoyan en ellas”.
El proyecto, a su vez, destaca que Brasil cuenta con un gran mercado interno y una amplia adopción de fuentes de energía renovable, factores que destaca al momento de atraer inversiones en este sector; a la vez que facilitaría el despliegue de infraestructura telco, aunque sin mayores precisiones.
“La cuestión de la conectividad también fue considerada, a pesar de no estar explícita en el texto del Proyecto de Ley. Las ZEPAD facilitarán el establecimiento de infraestructura de telecomunicaciones y podrán ser utilizadas tanto en las políticas desarrolladas por la Anatel como por el Ministerio de las Comunicaciones. Con la existencia de este concepto, los compromisos de cobertura, por ejemplo, derivados de licitaciones de radiofrecuencias, podrán ser dirigidos hacia el desarrollo de la infraestructura necesaria para la conexión de estas áreas”, dice y señala la posibilidad de recurrir a los recursos del Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones (FUST) “siempre que sean aprobados por el consejo gestor”.
En el caso específico de las telcos, el plan supone una buena noticia, porque plantea la oportunidad de dejar de ser sólo un prestador de servicios de conectividad para integrarse en esta infraestructura de cómputo pesado; sobre todo al ponderar al FUST en toda esta ecuación. Es decir, los avances dados hasta el momento sugieren que las telcos podrían desplegar redes de alta capacidad bajo el paraguas de este tipo de financiamientos. Esto, a su vez, podría suponer un salto de calidad respecto del lugar que ocupan en la cadena de valor en una operación donde la baja latencia y gran capacidad supondrán un enorme desafío de conectividad.
Pero también se multiplican las exigencias para el sector porque, por ejemplo, tendría que adecuarse a los nuevos estándares de ciberseguridad que impuso el regulador en su agenda para el bienio 2025-2026; a la vez que estarían alcanzadas por las obligaciones de eficiencia energética y medioambiental.
El avance de esta normativa posiciona a Brasil como un potencial exportador de servicios digitales, que equilibra la expansión de su infraestructura tecnológica con exigencias de sustentabilidad. La novedad importa: el país busca liderar la economía digital de la región mediante un marco que integre la demanda de la inteligencia artificial con la seguridad y la protección ambiental.
