Pequeños operadores de telecomunicaciones mexicanos oriundos de regiones como Jalisco, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo, entre otras, solicitaron a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) modificar las condiciones de la próxima licitación de espectro para radioenlaces fijos en México, al considerar que la división del país en 242 Unidades Básicas de Servicio (UBS) podría elevar el costo de proyectos locales y rurales.
El regulador mexicano propone adjudicar por 20 años frecuencias en las bandas de 10.5 GHz y 38 GHz, mediante bloques de 10+10 MHz y 15+15 MHz en 10.5 GHz, además de otros bloques de 14+14 MHz en 38 GHz, propuesta que fue expuesta a consulta pública hace un mes, con el afán de que se inicien las ofertas en abril de 2027, aunque los precios de salida no figuraban en la propuesta publicada originalmente.
Se trata de la CRT-REF-01-2026 que –disponible aqui- supone un planteo atendible, dada la capilaridad territorial que tienen los actores involucrados pero también con condiciones específicas.
“Los operadores de zonas suburbanas y rurales son en su gran mayoría pequeñas empresas que operan donde las grandes empresas no quieren llegar porque no les es negocio. Nosotros vivimos en las zonas que operamos. Competir aquí no es fácil, la capacidad económica de nuestra gente no es la misma que en las grandes ciudades, por eso la autoridad debe considerar a los pequeños operadores, como una opción para cumplir sus metas de que el Internet y los servicios lleguen a todos los mexicanos”, sostuvo en su presentación Jesús Villaseñor Gutiérrez, representante legal de Televisión por Cable Tepa quien, además, cuestionó los modelos licitatorios al valorar que siempre quedan “en desventaja” porque siempre son al mejor postor, ecuación que facilita a las grandes actoras.
“Los pequeños operadores estaremos pendientes de todas las licitaciones y la reglamentaci6n que dispongan, queremos ayudarles a cubrir la brecha digital, solo necesitamos que nos dejen participar en condiciones que nos den ventaja para estar donde los demás no quieren”, concluyó.
Es un testimonio que resulta representativo de las miradas expresadas en las consultas, dado que el operador podría necesitar una frecuencia espectral para servir un trayecto limitado, pero quedar sujeto a las condiciones asociadas con una zona que incluye mercados de mayor tamaño.
Otro caso lo ofrece BLM Telecom, pequeño operador de Internet en Cozumel que ostenta alrededor de 200 clientes residenciales y comerciales y que utiliza un enlace de alrededor de 21 kilómetros sobre el mar para transportar tráfico terrestre. La isla quedó integrada en la UBS 8.04.01 junto con Benito Juárez, Playa del Carmen y Tulum, y la operadora advirtió en la consulta que el precio que debería abonar por el espectro estaría impactado por la demanda propia de centros turísticos y urbanos, aunque su interés de conectividad se centre en las necesidades isleñas
Este caso lo presentó su representante, Nemecio Interian Balam, quien solicitó nueve ajustes principales, signados por el definir formalmente al pequeño operador con criterios locales y accesibles; el crear un concurso reservado previo; separar a Cozumel e Isla Mujeres de la UBS 8.04.01; publicar previamente los Valores Mínimos de Referencia (VMR) y flexibilizar las garantías; aclarar el uso propio del espectro frente a la provisión a terceros; permitir pagos en parcialidades y plazos más amplios; sustituir el sorteo por criterios objetivos de desempate; establecer mecanismos de contingencia para errores operativos y transparentar derechos anuales, a la vez que precisar la definición de Grupo de Interés Económico (GIE) para evitar afectaciones injustas a operadores independientes.
Crhistian Alberto Rodriguez Rincón, a su vez, hizo su presentación en nombre de la prestadora STI Comunicaciones, quien destacó la preocupación principal sobre la seguridad jurídica y las garantías para la inversión en el sector de telecomunicaciones. Señaló que, a pesar de reconocer el negocio como redituable y la prudencia de dividir el espectro por regiones, pide que la CRT aplique políticas y controles estrictos contra la operación de equipos en el mercado formal e informal.
Imagen: Richard Lee/Unsplash
Pero hubo más reproches, como los vinculados al posible encarecimiento de las conectividades de habitantes rurales de Acapulco, las dificultades de propagación radioeléctrica que existen en algunas zonas, como las sierras ubicadas entre Veracruz, Puebla y Oaxaca; o la diferenciación de los valores de referencia, garantías y criterios generales para quienes ya poseen infraestructura desplegada en cercanía con localidades prioritarias.
Se trata de peticiones que se insertan en una discusión más amplia sobre el acceso a infraestructura fuera de los principales centros urbanos, algo que TeleSemana mostró en su reciente informe, donde la cobertura agregada no refleja todas las diferencias territoriales de conectividad.
Inclusive, medios locales como El Economista dieron cuenta de la situación dado que los pedidos de reservar espectro o de reducir garantías se plantean como una posible herramienta para disminuir las barreras financieras para proveedores de menor escala, aunque no garantice el despliegue de nuevos tendidos. Pero el proceso, aún, está en marcha.
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