La Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (Subtel) volvió a referirse a lo posible y viable que es llegar con un tendido de cableado submarino hacia la Antártida. A tres meses de la presentación del informe oficial que garantiza la vehiculización de la iniciativa que supone desplegar fibra óptica submarina por hasta 4.100 kilómetros hacia la Antártida, la titular de la cartera, Romina Garrido, insistió en el plan y puso como fecha de operación al 2034, pero la iniciativa aún adeuda sus informes de impacto amiental.
Si, con una inversión estimada de 621 millones de dólares, este proyecto aún no cuenta con la aprobación de su construcción, dado que espera sumar las autorizaciones ambientales, los compromisos formales de demanda y un modelo de gobernanza entre los países participantes que supongan la exitosa gestión de esta infraestructura.
El estudio, financiado por Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y elaborado por Salience Consulting y Pioneer Consulting, evaluó aspectos técnicos, legales, económicos, financieros, ambientales y geopolíticos. Según Subtel, el informe concluyó que el tendido es factible y que no existen impedimentos insalvables para desarrollarlo bajo las condiciones analizadas; una iniciativa en la que ya hace tres años se avanzaba en su tarea de relevamiento formal.
En concreto, el documento contempla dos posibles configuraciones. La primera tendría una extensión de 1.600 kilómetros, conectaría las bases chilenas Frei, O’Higgins y Capitán Prat y demandaría alrededor de 370 millones. de dólares. Mientras que la alternativa ampliada alcanzaría 4.100 kilómetros, costaría unos 621 millones de dólares y daría cobertura a 28 instalaciones científicas.
Pero la segunda opción también incorporaría como usuarios ancla a programas de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil y Polonia, que se sumarían a los de Chile, Alemania y Corea considerados en la etapa inicial. Este dato suma relevancia no sólo porque la adhesión de interesados sea relevante porque permite asociar parte de su capacidad futura a compromisos de uso de largo plazo, una condición que puede respaldar su estructura financiera; sino por las cuestiones de geopolítica que abrevan.
En el anuncio publicado por la Subtel, por caso, se indicó que la infraestructura estaría dedicada al desarrollo científico y la cooperación internacional, y no a la prestación de servicios comerciales masivos. Inclusive, que el proyecto prevé instalar sensores oceanográficos para monitorear en tiempo real variables relacionadas con el cambio climático. De acuerdo con las proyecciones incluidas en el estudio, la demanda conjunta de 55 instalaciones pertenecientes a 21 países superaría los 59 Tbps en 2058.
“El estudio confirma que el Cable Antártico es factible. Es una iniciativa que nuestro país debe liderar y que transformará a Chile en un hub tecnológico para la ciencia, la conectividad y la cooperación internacional”, dijo La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, y caracterizó que el desafío, hoy, pasa por “articular una postura y política sólida de Estado, liderando esta transformación histórica que facilitará el trabajo científico en tiempo real y abrirá una era sin precedentes para el conocimiento global”.
Sin embargo, la factibilidad técnica no implica el inicio inmediato de las obras. El trazado deberá someterse a una doble tramitación ambiental bajo la normativa chilena y el Protocolo de Madrid, además de asegurar la demanda de los países involucrados y definir quién administrará la infraestructura. Estas condiciones sitúan el anuncio en una fase de planificación y coordinación internacional, previa a cualquier contratación de construcción.
En materia financiera, el estudio propone que el costo no recaiga sobre el erario fiscal chileno. Las alternativas planteadas incluyen recursos de bancos multilaterales de desarrollo, aportes de los Estados participantes y derechos irrevocables de uso de largo plazo, conocidos como IRU. Estos derechos permiten contratar durante un período prolongado el uso de fibras o capacidad de un cable y suelen emplearse para respaldar proyectos compartidos por distintos operadores o instituciones.
En adelante, el regulador chileno prevé presentar el estudio ante el Consejo de Política Antártica en diciembre de 2026 y coordinar una posición estatal con los ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda y Defensa. La propuesta es establecer una gobernanza compartida y alineada con el Sistema del Tratado Antártico, antes de avanzar hacia la construcción.
Si esta agenda se pone en perspectiva con otras iniciativas de infraestructura de Chile, se encuentra también el estudio de un corredor de fibra óptica entre Chile y Bolivia, algo que le habilitaría al país mediterráneo conectarse con enlaces que amarran desde el mar. La diferencia, por caso, es que en el plan antártico, el desafío no se limita al tendido físico: el calendario hacia 2034 dependerá de convertir la factibilidad identificada por el estudio en compromisos de demanda, financiamiento, permisos y reglas comunes entre los países participantes.
El viejo sueño del sector telco de llegar con conectividad física al continente blanco para apuntalar el desarrollo científico tecnológico, sigue en pie y en proceso, pero todavía falta.
