Pasaron apenas diez días desde que el Banco Central de Paraguay declaró la insolvencia de Ueno Bank, entidad financiera propiedad del Grupo Vázquez que operaba en ese país y que custodiaba millonarios recursos de fondos jubilatorios y previsionales públicos. De ese momento hasta hoy, su onda expansiva no cesó: desató una crisis institucional sin precedentes en el país (que recuerda mucho a la crisis del 2001 de Argentina); que provocó la destitución con juicio político y prisión preventiva del ahora ex presidente Santiago Peña, por ser accionista y la imputación de 27 directivos del grupo; y que erosiona la legitimidad de las instituciones paraguayas.
Se trata de una crisis que dejó a millones de clientes sin acceso a sus ahorros y jubilaciones, pero también el desempleo de unas 7.000 personas que formaban parte del ecosistema de una treintena de empresas pertenecientes al holding que prestaban servicios en Paraguay, como también en la Argentina, en México, en Panamá y en Nicaragua (tal como lo exhibió la propía memoria corporativa, aquí). Además, de haber motivado la investigación a Nubicom por probables irregularidades al otorgamiento de licencia para operar 5G, sobre la que ya se plantea una posible cancelación y cuyos directivos alegan no haber sabido ocupaban tal cargo.
Una crisis que escala
Según datos publicados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) de Paraguay, la intervención legal sobre Grupo Vazquez dejó sin empleo a alrededor de 7.000 personas en México, Nicaragua, Panamá y en la Argentina.
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, detalló en 37 a las empresas afectadas por esta causa que ya traspasa las fronteras del país; 20 de ellas dedicadas a la prestación de servicios financieros, tecnológicos, movilidad, entretenimiento y deporte. Por ejemplo, sólo Ueno Bank ostentaba 490 empleaos directos; Itti, alrededor de 1.600 colaboradores; y Kaitel, unos 1.200 trabajadores.
En la Argentina, por ejemplo, Itti contrataba a sus trabajadores a través de Kaitel SRL, sucursal de otra firma del grupo y accionista de Ueno Bank, tal como lo confirmó el portal de validación informativa Chequeado. En este caso, sus casi 900 trabajadores remotos estaban dedicados al mantenimiento de software, análisis de datos y desarrollo para Ueno Bank, pero también prestaban servicios a otras cuentas de la empresa; y fue quienes hicieron público el haber sido suspendidos por 30 días vía correo electrónico.
En declaraciones a medios locales como ABC, la ministra explicó que se trata de trabajadores que, en muchos casos, siguen activos y que, por su tarea remota, no saben a quién reclamar.
Y a esto se suma un dato policial: este jueves, César Manuel Astigarraga Lambaré, presidente y CEO de la tecnológica Itti, se entregó a la Fiscalía de Paraguay, imputado en la investigación por lesión de confianza y vaciamiento de Ueno Bank y el Grupo Vázquez (Causa N° 89/2026), por el desvío de fondos públicos y previsionales a través de la firma Itti. Su figura es de porte por ser señalado como mano derecha de Federico Vázquez, titular del holding y quien enfrenta una prisión preventiva.
Las tics y las telcos, no están exceptuadas
Aunque Nubicom sea la empresa de mayor porte en la estructura del Grupo Vázquez y notoriedad, dada su participación en la subasta de recursos espectrales para 5G y cuya polémica atravesó todo aquel proceso (por no acreditar experiencia en la operación móvil, no estar radicado en el país, y presentar aparentes irregularidades en el financiamiento); se suman otras compañías que prestaban servicios directos o indirectos a las operadoras de telecomunicaciones, prestadores de Internet (ISPs) y operadores móviles de la región, ya sea por abastecerlas de infraestructura tecnológica, interfaces de programación de aplicaciones (APIs) y soluciones de cobro y billing, entre otras soluciones.
Itti S.A.E.C.A. / Kaitel S.R.L. ya nombrada, desarrolla software y soluciones digitales de backend, además de integrar APIs para, por ejemplo, la recarga de saldo en tiempo real, cobro de facturas y pasarelas de pago digitales integradas a las plataformas de las principales telefonías operadoras de la región; algo que las operadoras de telecomunicaciones utilizan en toda latitud. También implementaba soluciones de atención al cliente y bots transaccionales operados vía telefonía móvil.
Otro caso es el de Technoma S.A.E.C.A, un proveedor corporativo de hardware de red, infraestructura tecnológica e integración de telecomunicaciones que ofrece desde la integración de redes de datos, pasando por el mantenimiento de servidores para centros de datos de carriers, conectividad institucional y provisión de equipamiento de red para el sector corporativo y público. Entre ellas, por ejemplo, se encontrarían licitaciones con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) local.
Se suman Wepa, Redisa y Redipro, destinadas al procesamiento de pagos y recargas móviles, es decir, redes de cobranzas extra bancarias y adquirencia digital que sirven como centro de confianza entre los usuarios de telefonías móviles y otros actores, como son los Operadores Móviles Virtuales (MVNOs, por sus siglas en inglés) para pagos de facturas y compra de paquetes o recargas, en terminales físicas (POS) o mediante billeteras electrónicas.
¿Alguien puede pensar en los datos?
Pero el problema de esta estructura que se derrumba no termina allí, también preocupan los datos personales de los clientes de Ueno Bank, dado que alrededor de tres millones de personas entregaron información personal biométrica (rostro, registros de video y datos financieros) al ecosistema del Grupo Vázquez.
Maricarmen Sequera Buzarquis, directora de TEDIC, explicó en un post que las bases de datos de este holding se gestionan en Texas, Estados Unidos, y que fue el conglomerado que expandió el uso de biometría obligatoria hacia espacios cotidianos como estadios, la Expo Paraguay y la Fe de Vida del IPS; algo que caracterizó como un negocio centrado en la captura a gran escala y sin regulación adecuada de datos sensibles.
La directora de TEDIC precisó que Grupo Vazquez trabaja con firmas de reconocimiento facial y videovigilancia como Corsight, Avigilon y Dermalog y que fue quien promovió la instalación de cámaras con reconocimiento facial en espacios públicos y estadios, además de gestionar “la Fe de Vida biométrica de jubilados y pensionados del IPS, los servicios en la nube para programas estatales y las apps de uso diario”.
La ola expansiva de esta crisis, sigue creciendo a escalas inimaginables.
Debe estar conectado para enviar un comentario.