Casi diez años después la justicia dejó firme un fallo en contra de la filial colombiana de Telefónica por desconocer peticiones y rechazar que recibió reclamos de los usuarios entre 2006 y 2007. Por este motivo, Movistar ya pagó a la Superintendencia de Servicios Públicos una multa de 1.000 millones de pesos (316.217 dólares).
La sanción se había aplicado en 2008 pero la empresa presentó, en ese entonces, una serie de acciones en pos de que la sanción quede suspendida por falta de pruebas. Según la firma, se le había dado credibilidad a los dichos de clientes que no habían sido probados. Los pedidos de la denunciada retrasaron el proceso hasta hace unos días.
El Consejo de Estado no solo confirmó la decisión, agregó el portal Semana.com, sino que envió un llamado de atención por la “cuestionable” práctica empresarial de Movistar que “afecta gravemente la buena marcha del servicio público”. También cuestionó que impusiera restricciones ante las solicitudes de usuarios para dar de baja sus contratos.