Tigo anunció que, en cumplimiento a la Ley de limitación de servicios de telefonía móvil en centros penales, inició el proceso para bloquear la señal en centros penitenciarios ubicados en 24 ciudades del país, informó el periódico hondureño El Heraldo.
La empresa admitió que el bloqueo podrá impactar en el servicio de sectores aledaños a las cárceles y agregó que “se podría registrar señal pero no se podrá recibir ni hacer llamadas, mensajes de texto, navegar por Internet o acceder a redes sociales”. Tras el anuncio, los vecinos del Centro Penal de Támara cortaron las calles en protesta por el bloqueo de llamadas, publicó el diario hondureño La Prensa.
La ley de bloqueo de servicios móviles en centros penales —que prohíbe a los operadores brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde están ubicados centros y granjas penales— tiene como objetivo combatir la ola de inseguridad. Los operadores tienen plazo hasta el 14 de febrero para acatar la disposición de bloqueo o de lo contrario serán sancionadas con una multa de 20 millones de lempiras (un millón de dólares).
El bloqueo de señal móvil en cárceles es una iniciativa que también tiene previsto implementar el gobierno de El Salvador. Recientemente, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública suscribió una carta de compromiso con los operadores celulares con el propósito de implementar un sistema de inhibición de señal de telefonía móvil en los centros penitenciarios.
