La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la ley que prohíbe a los operadores la oferta de servicios de telecomunicaciones en instituciones penitenciaras a escala nacional.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) definirá, junto Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, las áreas de prohibición y monitoreará su implementación.
De acuerdo al periódico El Mundo, las empresas que infrinjan esta normativa recibirán una multa diaria de 755.100 dólares y otra de 125.850 dólares cuando no cumplan con la suspensión.
En caso de trasgredir cinco veces la norma en un año, la Siget podrá cancelar el título de concesión de los operadores involucrados.
En la región, países como Honduras y Perú desplegaron mecanismos similares.
