El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC) de la Argentina cambió de titular, luego que se conocieran las renuncias del director, Ariel Waissbein, y del subdirector Ezequiel Gutesman, quienes habían asumido en febrero de este mismo año para definir la continuidad del centro de operaciones de ciberseguridad (SOC, por sus siglas en inglés) alojado en infraestructura de la empresa satelital argentina Arsat. Al frente del organismo fue designado Walter Agüero en medio de un profundo debate sobre la soberanía de los datos de millones de argentinos y la denuncia por la injerencia de Estados Unidos en las cuestiones internas del país.
La CNC tiene que trabajar en el montaje del SOC sobre infraestructura propia que Arsat posee en Benavídez, con el afán de hacer monitoreo remoto de las redes de ministerios y otros organismos, a la vez que identificar ataques que afecten simultáneamente a distintas dependencias y coordinar la respuesta ante incidentes. Se trata de un sistema centralizado que permite reunir registros y alertas que actualmente puedan estar distribuidos entre organismos con diferentes herramientas y capacidades, con el argumento de relacionar intentos de intrusión, establecer prioridades y responder de manera coordinada a las diversas situaciones.
Hasta ahí, lo esperable en una estrategia de ciberseguridad nacional. Luego, y aunque la administración saliente había descartado montar toda la capacidad de cómputo en una nube contratada y se había inclinado por instalar servidores en Arsat, el anuncio de una inversión estadounidense por 15 millones de dólares para instalar el sistema y revisar la seguridad de la red troncal de la empresa estatal y la publicación de la prohibición de utilizar equipamiento de origen chino mediante la disposición 7/2026, generó algo más que internas puertas adentro de la empresa y de la estrategia. Esto se refeja en las conversaciones que mantuvo TeleSemana.com con actores de la industria, a los que se suman los artículos publicados en medios locales, como Brodersendarknews y Página 12. Todo, en medio de un escenario de tensa calma global de guerra geopolítica que excede en mucho a las telecomunicaciones, pero de la que también son parte.
Algo más que internas en el SOC
Para la administración saliente, la estrategia con foco en las capacidades nacionales estaba dada en la intención de contener los costos en dólares, con la priorización de los las herramientas gratuitas y de código abierto, complementadas con productos comerciales para necesidades específicas. Esto, a su vez, contemplaba posteriormente integrar información de operadores de electricidad, agua y telecomunicaciones por tratarse de infraestructuras críticas.

Ransomware – Unsplash: Joshua Koblin
Inclusive, la prensa local destaca que 2024, este equipo saliente había redactado los términos de referencia para contratar equipos, licencias y servicios; pero que debían ser validados por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) antes de una eventual contratación.
Sin embargo, el recambio ejecutivo se habría producido luego que se cancelara una jornada que estaba prevista para el 20 de octubre, en la que se reunirían las empresas argentinas de ciberseguridad para elaborar un catálogo de proveedores y explorar posibles aportes para el SOC.
La crisis interna fue tal que alcanzó al CERT.ar, responsable de coordinar la respuesta nacional ante incidentes informáticos (que en 2025 fueron cuantificados en 520), cuyo coordinador Ariel Cessario fue despedido el 26 de octubre.
En una entrevista ofrecida por Cessario a la prensa local dijo que el desembarco de Adriana Baravalle al frente de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología derivó en despidos en el CERT.ar y denunció que la reestructuración responde a exigencias de Estados Unidos, señaló que atenta contra la soberanía nacional al transferir datos del Estado a empresas extranjeras y que restringe las decisiones técnicas a un pool limitado de proveedores certificados.
Además, cuestionó la falta de idoneidad de la gestión entrante y advirtió sobre el creciente deterioro del sector público, sobre todo ante la criticidad que supone la interconectividad de todas las redes (de tendidos energéticos, agua y comunicaciones, pero también de datos públicos). Puso como ejemplo la situación de desfinanciamiento que atraviesa el Hospital Prof. Dr. Juan P. Garrahan, centro pediátrico de Argentina pero de relevancia internacional, que lo pone en riesgo de ciberataques, robos de información y secuestros de datos que impacten en su funcionamiento prestacional.
Crisis, financiamientos y la Disposición 7/2026
El plan para montar el SOC cuenta con dos vías anunciadas de financiamiento. Por un lado, el país cuenta con un préstamo del BID que está en ejecución, por 30 millones de dólares aprobado en enero de 2023 para hacerse de equipamiento para un centro gubernamental de operaciones de ciberseguridad. De ellos, al cierre de 2025 se habían desembolsado 2,5 millones de dólares, equivalentes al 8,33 por ciento del crédito.
A esto se sumó el anuncio del Departamento de Estado estadounidense, que abrió en septiembre una convocatoria por 13,9 millones de dólares para asistir en el diseño y puesta en funcionamiento del SOC local. Algo sobre lo que TeleSemana.com había dado cuenta al mencionar rumores del sector en relación a un financiamiento por 15 millones de dólares para instalar esa capacidad en Arsat bajo la administración del CNC.
A este componente de monitoreo se suma una revisión de seguridad de la red troncal de ARSAT. Esa evaluación adquiere relevancia para el sector de telecomunicaciones porque parte de la Red Federal de Fibra Óptica (REFEFO) utiliza equipamiento de Huawei, mientras que las bases del programa estadounidense planteaban reemplazar tecnología china en redes consideradas estratégicas.
En ese sentido, cuatro días después de la designación de Agüero, el Gobierno publicó la Disposición 7/2026, que estableciera nuevos requisitos para las compras de equipos destinados a redes críticas del Estado y de sus empresas, la industria sigue en alerta.
En esa disposición, se establece que las categorías más sensibles deben adherir a la certificación TIA SCS 9001 del fabricante y excluye del trámite a compañías alcanzadas por listas de restricciones estadounidenses, lo que podría impedir la participación de Huawei y ZTE en determinadas contrataciones. Pero, tal como lo expuso mediante TeleSemana.com, la filial argentina de Huawei sostuvo que la disposición limita la participación de proveedores e informó que evaluará alternativas legales.
Se trata de una medida que rige desde el 7 de noviembre y que se aplicaría a las contrataciones iniciadas después de sus primeros 90 días de vigencia. Durante ese plazo, el CNC deberá asignar niveles de criticidad a las distintas categorías de equipos. Para la infraestructura ya instalada no establece un reemplazo automático: cualquier adecuación dependerá del riesgo identificado y deberá estar fundamentada.
Este escenario se suma a otros cambios que involucran a la empresa estatal. Por ejemplo, el plan oficial anunciado al año pasado que incluía ampliar la REFEFO y sobre la intención de convertir a ARSAT en una red neutral; mientras que este año fue foco de debate legislativo en relación a su futuro, en el marco de la denominada Ley Hojarasca.
De momento, Agüero abarcará tanto la definición técnica y financiera del SOC como la aplicación de reglas de seguridad sobre una red nacional de telecomunicaciones que ya está en operación. La decisión sobre qué componentes del proyecto anterior continuarán, cómo se coordinarán los fondos disponibles y qué tratamiento recibirá el equipamiento instalado determinará el alcance efectivo del centro y su capacidad para monitorear los sistemas del Estado. Y Telesemana.com ya inició las gestiones para tener una conversación de primera mano con él.
