Algunas semanas atrás el ministro de Justicia de Perú, Vicente Zeballos, planteó la posibilidad de que se apliquen cambios que permitan mayor participación del Estado en sectores estratégicos. Sus dichos, que incluyeron la opción de una aerolínea propia, fueron desestimados por el propio presidente Martín Vizcarra. Sin embargo las dudas quedaron y se colaron en el debate de una nueva ley sectorial. ¿Perú contará con una empresa pública de telecomunicaciones?
Según consta en la página oficial, el proyecto 4333/2019 fue presentado a comisión a mediados de mayo por el grupo parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa del congresista Wuilian Alfonso Monterola Abregu. El texto se discutió el viernes 14 de junio en la sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso y, casi que por las dudas, varios de los operadores se quejaron por considerar “peligroso” los detalles de su contenido.
El documento, que por ahora es solo un borrador, indica en su artículo primero que su objeto, entre otros, es “normar la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones, considerando que la prestación se da bajo el régimen de concesión y puede ser desarrollada tanto por empresas privadas como por empresas estatales”. Las últimas cuatro palabras son las que hicieron ruido en las oficinas de los operadores que ya presentaron sus quejas.
“Tenemos el derecho a que el Estado respete su rol de subsidiario y este proyecto reconoce que la prestación de servicios públicos pueden darla no solo empresas privadas sino también empresas estatales”, dijo ante la Comisión la gerente de Gestión Estratégica Regulatoria de Telefónica, Ana Claudia Quintanilla. “No creemos que sea conveniente que el Estado pueda ejercer un rol empresarial cuando estamos en un entorno de competencia álgida”, agregaron desde Bitel.
Otro punto en discusión, según el portal local Gestión, son las funciones que se le atribuyen al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel). Entre ellas, está la de “operar, administrar y brindar de manera directa o a través de terceros, en zonas donde no exista competencia efectiva y cumpliendo su rol de subsidiario por ser de alto interés público, servicios públicos de telecomunicaciones”. Pero ¿qué significa exactamente esto, qué es competencia efectiva?, se preguntó durante el debate Quintanilla. Aquí tampoco queda de manifiesto la creación de una empresa estatal.
Para el autor del texto, Monterola Abregu, con la nueva disposición se busca que el Estado cumpla con su obligación de cerrar la brecha de telecomunicaciones en zonas alejadas y esto podría incluir la creación de una empresa estatal. Sus palabras son quizás la que alimentan las dudas de los operadores privados pero el texto presentado no deja margen para mayor análisis. En esto hizo hincapié el gerente General de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Juan Pacheco Romaní, quien consideró que “se requieren precisiones para que esto quede más claro”.
La eventual creación de una empresa estatal fue uno de los rumores que corrió por la Red Dorsal, ante los problemas del Estado para llegar a un acuerdo con el actual brazo ejecutor, Azteca. El texto toca el tema aunque solo para modificar algunos artículos de Ley de Promoción de la Banda Ancha. Indica, por ejemplo, que “la operación (de la Red Dorsal) está a cargo de una o más empresas concesionarias de servicios públicos”. Antes, ese mismo artículo hablaba de que el tendido “será objeto de concesión de operadores neutros, que son empresas que proporcionan servicios prestadores a otros operadores y no tienen usuarios finales”.
