Demandan a la ley TIC de Colombia por inconstitucional

Mientras el gobierno colombiano se ocupaba de sociabilizar los objetivos y hablaba de los beneficios que traería la recientemente sancionada Ley TIC, organizaciones sociales se juntaron y presentaron dos demandas en contra de su implementación porque consideran que es inconstitucional. “Aunque ya fue aprobada todavía podemos hacer algo”, señaló uno de los denunciantes. El arduo debate previo parecía saldado pero ahora seguirá en la justicia.

La Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación Karisma y la Comisión Colombiana de Juristas coinciden en que la normativa supone un riesgo para la democracia, un argumento que ya había sido esgrimido por representantes de la oposición a Iván Duque antes de que el proyecto llegue a sus manos para la convertirse en ley. También consideran que no se ajusta a los estándares de promoción de libertad de expresión que exige la Constitución.

“Muchos teníamos inquietudes sobre temas concretos de la ley, empezamos a hablar y organizamos la demanda. Hace unos días nos enteramos que había otro grupo trabajando en paralelo y por eso hoy presentamos las dos demandas”, dijo la directora de Fundación Karisma, Carolina Botero, en diálogo con el portal local El Tiempo. Ahora la Corte deberá analizar la demanda, luego admitirla, después estudiarla y seguir el proceso, que puede demorar meses o años, añadió.

Los demandantes se quejan, en concreto, de cinco puntos. Primero advierten que la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) quedará conformada por ocho comisionados y siete de ellos serán nombrados con “injerencia del Ejecutivo”. En dos casos la designación estará directamente a cargo de este poder mientras que otros cinco miembros serán designados en un proceso de selección a su cargo. También consideran que no están claros los procesos de consulta pública, lo que podría ser perjudicial en el tratamiento de temas sensibles.

Por otra parte, reclaman que el Ministerio de TIC será “todo poderoso” en materia de espectro, quedando a su cargo prácticamente todo el circuito de decisiones en torno a este activo. El actual director de la Agencia Nacional de Espectro (ANE), Miguel Felipe Anzola, negó esto al indicar que la ley 1978/2019 no cambia las funciones de la entidad que representa frente al tema de las frecuencias. Este punto es el más fuerte si se considera que habrá una subasta de espectro en Colombia antes de fin de año.

En cuarto lugar se quejan de la creación de un fondo único que reunirá los recursos del FonTIC y FonTV porque aseguran que se traducirá en un desfinanciamiento de la televisión pública local, otro de los argumentos más fuertes en contra de la publicación de la ley en los debates previos. Por último creen inconveniente que se ponga a los responsables de redes comunitarias a la par de empresas de mediano y gran tamaño en la obtención de permisos para el uso de espectro, porque los primeros no cuentan con las mismas posibilidades económicas.

La normativa ya fue publicada y ahora aparecen demandas que, deberá revisarlo la justicia, podrá o no afectar su implementación. Mientras tanto, el gobierno colombiano sigue hablando de los beneficios, como que se duplicó el plazo de concesiones de espectro a 20 años o que el dinero no será el único concepto a considerar en las próximas subastas de espectro. La industria celebró la nueva ley TIC pero no todos están de acuerdo con su puesta en marcha. Se sabía antes y se materializó en demandas ahora.

Nicolás Larocca es Técnico Superior en Periodismo (TEA) y Locutor Integral (ISER). Durante su carrera profesional se desempeñó en diferentes medios radiales, digitales y en gráfica como productor de contenidos, redactor y analista. Tiene conocimientos en comunicación interna, deportes, bancos y seguros, y desde 2013 se especializa en el mercado de las telecomunicaciones a escala regional.

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