El Tribunal Superior de Justicia (STJ por sus siglas en portugués) dejó sin efecto el amparo por el que había quedado en suspenso la vigencia del contrato que la Compañía Paranaense de Energía (Copel) firmó con Rothschild & Co Brasil para que la entidad financiera se ocupe de llevar a cabo la consultoría financiera dentro del proceso de privatización de la pata móvil del operador. El recurso había sido presentado por el Sindicato de Ingenieros del Estado de Paraná, indicó el portal Convergencia Digital.
La firma, hasta ahora estatal, logra así luz verde para seguir con el proceso de privatización, una idea que se formalizó a mitad del año pasado. La operación queda por fuera de las decisiones que se tomen respecto de Sercomtel, en el que la compañía eléctrica tiene participación accionaria del 45 por ciento. Todavía no aparecen eventuales compradores en momentos en los que Claro acaba de adquirir Nextel y Oi baraja seriamente la opción de desprenderse de su segmento celular.
La decisión de Copel se conoció en 2018, año en que la empresa registró ganancia líquida en el orden de los 8,8 millones de dólares. La compañía colocó a las telecomunicaciones en la bolsa de segmentos a desprenderse por tratarse de un activo que considera no estratégicos en su negocio. En paralelo, siguieron el mismo camino otras operadores en Brasil, como Porto Seguro y la Compañía Energética de Minas Gerais (Cemig Telecom).
La firma cuenta con 34.000 kilómetros de fibra óptica dispuestos principalmente en la unidad federativa de Paraná, al sur de Brasil. Desde la compañía, explican la venta por las grandes inversiones que demanda mantener la red, un total estimado en casi 300 millones de reales (70 millones de dólares) anuales.
El movimiento no sorprende en una región que en el último tiempo se mostró como escenario complejo para las empresas públicas de telecomunicaciones, que debieron buscar alternativas ante las dificultades de los gobiernos para mantener inversiones y batallar ante la competencia cada vez más robusta por parte de operadores privados. También demuestra que las telecomunicaciones es una actividad de tiempo completo o, al menos, es cada vez más frecuente la salida del mercado de quienes tienen como prioridad el segmento eléctrico u otro ajeno al sector.
