La ley de Modernización TIC se aprobó tras un largo y extenso período de debates en el que se fueron ajustando pormenores para generar un consenso que ni en la versión final fue completo. La Corte Constitucional estudia a la fecha dos demandas en contra de la normativa enfocadas en el permiso de los medios comunitarios. No trascendió el nombre de los demandantes, pero no es la primera vez que la normativa recibe quejas formales por su contenido.
Según denuncian, la ley discrimina a los medios comunitarios que no tienen los recursos económicos suficientes o una estructura que les permita adquirir licencias y poder emitir señal a las personas de una determinada región. “Se privilegia a los prestadores tradicionales, al no otorgar un trato diferencial a los que no pueden competir”, se quejó una de las entidades en diálogo con el portal local FM. Pide, en concreto, que se cambien cuatro artículos de la norma.
La interpretación de las disposiciones presupone que quien accede a licencias de uso de espectro tiene, además, patrimonio suficiente para consolidar inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital, defienden. En paralelo, sostienen que la implementación de este tipo de redes, instaladas y operadas por los propios pueblos y comunidades indígenas sirve como alternativa para llevar conectividad a sitios al momento no atendidos.
En agosto del año pasado también se conocieron otras denuncias contra la ley, que buscaban que la normativa sea considerada inconstitucional. Reclamaban por la forma en que se conformaría la CRC, el hecho de que el documento volvía al ministerio de TIC un “todopoderoso”, las formas en que quedarían resueltas las consultas públicas, la creación de un fondo único y fallos, también, respecto de las normativas que atañen a redes comunitarias.
Así las cosas, el tiempo pasó pero la polémica sigue. En el medio la ley ya entró en plena vigencia y su texto se plasmó en hechos con el aumento de 10 a 20 años en las licencias para la explotación de espectro obtenidas por los adjudicatarios en la última subasta o con la cobertura como parte del puntaje para decidir los ganadores por cada bloque. En paralelo, además, la Comisión de Regulación de las Comunicaciones ya puso manos a la obra para cumplir con los deberes que le atribuye la normativa.
