Las multas no sirven como correctivo en el mercado de las telecomunicaciones. Se ha demostrado esta teoría con un largo listado de casos en la región y las noticias que vienen de Brasil sirven par confirmar los motivos: la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aplicó multas por 448,6 millones de reales (80 millones de dólares) en todo 2019 pero solo recaudó el 10 por ciento, unos 45,2 millones de reales (ocho millones de dólares). El resto quedó dividido entre casos suspendidos, acordados y aquellos que todavía a la espera de una resolución definitiva.
Hay varios argumentos que explican por qué las sanciones económicas no han funcionado en el sector. Todos ellos pueden resumirse en tres grupos: la demora entre los hechos y sus respectivas sanciones, un monto insignificante para las arcas de las empresas, que en casos optaron por pagar antes que corregir, y la acción de los abogados de los operadores que hacen de los procesos un sinfín de idas y vueltas, demandas y contrademandas que, en ocasiones, terminar por destruir los documentos en los que se los acusa. En Brasil esto se observó en varias oportunidades.
El regulador notificó que entre enero y diciembre de 2019 aplicó un total de 1.395 multas a empresas de servicios y 490 terminaron por ejecutarse completamente, el 35 por ciento. En tanto, el 1,7 por ciento fueron cobradas parcialmente y el 63,1 por ciento restante no se completaron. Ese porcentaje se divide entre 798 casos que todavía esperan resolución en etapa uno, dos o tres; 68 situaciones en la que se llegó a un acuerdo previo al pago y 15 en las que el demandado logró la suspensión.
El hecho de que las sanciones no alcanzan para una mejor prestación de servicios, o al menos así lo demandan los usuarios que cada vez se quejan más, ha obligado a los reguladores de la región a poner manos a la obra. Así como México trabaja en nuevas reglas para solucionar incumplimientos de los operadores, Brasil destaca por la aplicación de Términos de Ajuste de Conducta (TAC), en la que las empresas cambian multas por inversión. En 2019, por ejemplo, se aprobó la opción para Algar Telecom y, antes de eso, para TIM. También lo intentaron otros, como Telefónica y Oi, pero en estos casos no hubo acuerdo final.
