La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) consideró que no hay argumentos suficientes para suspender el acuerdo de compartición suscrito por TIM y Vivo. El pedido de Claro para frenarlo fue descartado una vez más, pues ya había sido desechado antes por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), que en las últimas horas dejó firme la decisión tomada hace algunas semanas por la consejera Lenisa Prado.
La filial local de América Móvil había reclamado que la alianza de sus rivales traería serios problemas en cuestiones de competencia y desequilibrio en los costos a los que pueden acceder los involucrados frente a los que rigen para el resto. También pidió que las partes tengan obligación de ser específicos respecto del alcance de su acuerdo en cada sitio involucrado en el plan, recordó el portal local Teletime.
“No cabe en este caso la interrupción del proceso”, concluyó el regulador y dio argumentos similares a los que había pronunciado para dar su visto bueno en la etapa anterior. Entre ellos destaca que no alcanzan los documentos presentados para advertir riesgos de cualquier tipo que puedan afectar al mercado o a alguno de las empresas que prestan este tipo de servicios. Se aclaró, de nuevo, que el acuerdo será constantemente monitoreado por personal de Anatel.
Tanto Vivo como TIM destacaron como positiva la noticia y aprovecharon para repetir que su acuerdo no afectará la autonomía comercial y de gestión de clientes de cada una. El acuerdo, dijeron, “refuerza el proceso de evolución del mercado local. Beneficia a clientes a partir de una mejor experiencia de uso y la ampliación de ofertas”. Al mismo tiempo, claro, generan ventajas financieras para las compañías, permitiendo una “optimización en el uso de sus activos y recursos”.
La compartición involucra dos proyectos paralelos. El primero busca la creación de una red móvil única 2G que abarcará inicialmente a 2.700 ciudades del país. Consiste en que las partes desactiven radiobases sobrepuestas. El segundo, en tanto, tiene como fin la formación de una red única pero de 3G y 4G en sitios de menos de 30.000 habitantes. Esto involucrará inicialmente a unas 800 ciudades brasileñas.
