La Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) aplazó por 120 días la discusión sobre la propuesta de Términos de Ajustes de Conducta (TAC) por la que Algar Telecom pretende cambiar multas por inversiones. El acuerdo tenía luz verde desde agosto del año pasado pero se plantearon cambios que requieren nueva aprobación. La determinación pone puntos suspensivos al asunto con un contexto desalentador: en siete años prosperó un único acuerdo de este tipo en Brasil.
Algar Telecom pidió hace algunas semanas eliminar de la solicitud algunas infracciones, con lo que el acuerdo pasó a tener un valor de referencia de 45,4 millones de reales (8,5 millones de dólares), recordó el portal local Teletime. El 80 por ciento de ese dinero estaría destinado a compromisos relacionados con la implementación de 4G en un plazo no superior a 30 meses mientras que el resto se dividiría entre resarcimiento de usuarios afectados y mejoras en la atención de clientes, entre otros puntos.
La Resolución 629/2013 es la que abrió la posibilidad de que los operadores brasileños cambien multas por inversiones para procesos que todavía no tengan una decisión firme en las instancias administrativas correspondientes. En el texto se advierte que las empresas deberán cumplir una serie de requisitos para generar las solicitudes, que deben serán evaluadas por las autoridades. También señala que un TAC no puede contradecir ni corregir a otro ya celebrado y que su incumplimiento generará sanciones para los infractores.
Hay al menos cinco casos registrados en que la solicitud de TAC no pasó las pruebas necesarias para convertirse en realidad. En 2017 el regulador comunicó que no prosperaría el pedido de Sercomtel y algunos meses más tarde dijo lo propio del que preveía completar Oi, en ese caso aduciendo como impedimiento la situación judicial de la empresa. En abril de 2018 se desechó un acuerdo con Telefónica y el año pasado quedó sin efecto un proceso a favor de la filial local de América Móvil.
El único que prosperó hasta ahora fue el de TIM, celebrado en junio de este año. La empresa deberá desembolsar lo equivalente a 639 millones de reales (unos 120 millones de dólares) y, como resultado, mejorará la infraestructura existente en unas 2.000 localidades del país. Llevará, además, banda ancha móvil por medio de la red 4G a 350 municipios con población menor a 30.000 habitantes y prometió alcanzar con esa tecnología todas las ciudades del país en tres años.
La celebración de acuerdos de este tipo es una estrategia que encontró Brasil distinta a las sanciones pecuniarias, con éxito limitado para corregir a los operadores en Latinoamérica. También trabaja en la idea de una regulación responsiva, con más diálogo con las empresas que redunde en una mejor calidad de servicio para los usuarios locales. Según datos oficiales, en el primer semestre de 2020 hubo 1,5 millones de quejas asociadas de telecomunicaciones en Brasil, 6,6 por ciento más que hace un año.
