El debate ayer en la Comisión de Transporte y Comunicaciones entorno a las propuestas para modificar la Ley 29.022 de Perú y eliminar las autorizaciones automáticas para el desarrollo de telecomunicaciones recibió comentarios negativos por parte de las principales agrupaciones del sector. Es que la medida que había tomado Perú en 2014 para eliminar barreras en el despliegue de infraestructura se ve hoy en peligro por un intento de volver a darle a los municipios la potestad de autorizar los despliegues en sus territorios.
“El régimen de la ley 29.0222 fue pionero en la región y ha permitido avanzar”, señaló a TeleSemana.com Juan Pacheco, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN). La organización había emitido ayer un duro comunicado en el cual se afirma que la medida “pone en riesgo el acceso a internet para la población con la educación, el trabajo y la salud en forma remota, además del comercio electrónico, que nos está permitiendo afrontar esta pandemia”.
La preocupación fue compartida por Asiet, que también envió un comunicado en el que se señala que “hacer más lento y complejo el desarrollo de infraestructura produciría efectos indeseados, limitaría el desarrollo de los servicios móviles en el Perú y podría afectar a la calidad y cobertura que reciben los usuarios”.
El temor de los operadores es que, si el Parlamento llega a modificar la legislación, deberán solicitar autorización previa a los municipios para desplegar las redes de telecomunicaciones. Perú cuenta con 1874 municipios y, en otros mercados, como el argentino, las diferencias de criterio entre uno y otro han generado múltiples trabas para el desarrollo de infraestructura. Con la decisión de 2014, Perú había avanzado en solucionar este problema para el mercado móvil y ahora, los operadores no quieren perder los beneficios adquiridos. “Insistimos con frenar cuando precisamente es mucho más urgente mejorar la infraestructura para resistir a los efectos de la pandemia”, alertó Pacheco.
La realidad es que desde que se puso en marcha la Ley de Antenas, Perú logró incrementar la cantidad de estaciones bases desplegadas. Siguiendo los datos de un informe de trabajo del Organismo Superior de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), a finales de 2011, Perú contaba con poco más de 5.200 antenas de telefonía móvil. En 2013 esa cifra apenas superaba las 6.000 antenas desplegadas. Al cierre de 2014, año de aprobación de los permisos automáticos, la cifra llegaba a 12.000. En 2016, Perú contabilizaba 18.928 estaciones bases, con un crecimiento CAGR anual del 44 por ciento en el período 2012-2016. Se debe tener en cuenta, igualmente, que este despliegue excepcional tiene que ver también con la puesta en marcha de las redes 4G y la llegada de nuevos operadores móviles al mercado.
Osiptel señalaba en 2017 que para atender la demanda estimada de Internet Móvil a 2021 se requerirían 36.513 estaciones base. Pacheco calcula hoy que existe un déficit actual entorno a las 30.000 antenas, sin contar las necesidades de la próxima generación móvil 5G.
La medida impulsada en el Congreso tiene como objetivo la protección y conservación de los espacios públicos en ciudades y busca crear formas de participación ciudadana para la autorización de antenas. La realidad es que cualquier decisión de este estilo, por más bienintencionada que esté, crea mayor burocracia a un problema que, lejos de resolverse, persiste.
Aún con autorizaciones automáticas, Perú además ha tenido dificultades en el despliegue de infraestructura debido a municipalidades que buscan evitar la proliferación de antenas en su distrito. Entre 2015 y 2019 se generaron 109 denuncias en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), de las cuales 83 se han declarado fundadas en primera instancia, indicó AFIN.
Lo cierto es que si Perú quiere seguir reteniendo buena parte de la inversión en telecomunicaciones de América Latina deberá negociar una solución que conforme a municipios y operadores. Si no, puede suceder lo que ha ocurrido en el pasado y los operadores deriven sus inversiones a países donde el despliegue es mas rápido y económico. En los últimos años, Perú fue el receptor de las inversiones, ¿seguirá siéndolo de prosperar esta medida?
