Hace siete meses se conocía un primer avance para eliminar a los organismos autónomos de México, entre los que se encuentra el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Poco después el proyecto fue descartado, pero no la idea principal que parece regir al Presidente de México, Manuel López Obrador.
López Obrador inició su mandato con el objetivo de austeridad. Y por ello, puso en la mira a los organismos autónomos, que él considera están generando demasiados gastos para el gobierno mexicano —el proyecto anterior se basaba justamente en esta cuestión, aunque sus argumentos técnicos estuvieran algo difusos—. Durante su gestión, López Obrador ya eliminó a la subsecretaría de Comunicaciones de México y ahora intenta ir por el IFT con el argumento de que las funciones están duplicadas con las de la Secretaría de Comunicaciones (SCT) —un argumento que tampoco parece tener demasiado fundamento—. “Tenemos que revisar todos estos aparatos administrativos, su función, para que no haya duplicidad porque necesitamos ahorrar, ser eficientes, no tener tantos aparatos que consuman de presupuesto y que el presupuesto se quede en el mismo gobierno y no se le transfiera a la gente”, indicó López Obrador en la conferencia matutina del jueves siete de enero.
El Presidente adelantó que llevará a cabo una reforma administrativa para “ajustar el gobierno a la nueva realidad” y no seguir creando instituciones. En el caso de IFT, cualquier cambio que quiera realizar deberá pasar por el Parlamento en una iniciativa de reforma, ya que el organismo fue creado a través de la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, con el objetivo de tener un espacio autónomo e independiente del poder político. Para López Obrador, el hecho de que exista un antecedente de funciones del IFT que eran realizadas por Comunicaciones, parece ser suficiente argumento para que las cosas vuelvan al pasado. Pero el pasado de México no parece ser el mejor ejemplo de buenas prácticas ya que su regulación era muy dependiente de la política y los poderes económicos, y las decisiones se frenaban en la Justicia con la aplicación de medidas cautelares.
López Obrador tiene un punto al indicar que México tiene todavía pendiente la eliminación de “los monopolios”, como así los llama él, pero es verdad que los mecanismos del IFT parecen ser los más apropiados para lograr el objetivo. Lento, pero seguro, el regulador viene trabajando en medidas de preponderancia que logren un campo de juego más parejo. La última revisión de preponderancia de América Móvil busca activar los mecanismos para que esas medidas se cumplan.
El Presidente de México indicó que tendrá reunión de su gabinete el próximo lunes con el objetivo de presentar su propuesta e ir armando un plan para presentar las reformas legales.
El objetivo de ataque son los comisionados que, como el mismo López Obrados señaló ayer, “ganan más que el presidente. “Ese es otro asunto que está pendiente, que no se me ha olvidado, porque con chicanadas consiguieron amparos para seguir ganando más que el presidente”, señaló. El mandatario asegura que su intención no es despedir personas pero sí reducir el gasto, y por eso una propuesta que también parece discutirse es reducir de siete a cinco la cantidad de comisionados en el IFT.
Esto se encuadra en la selección de las dos comisionadas que deberán entrar en el IFT en reemplazo de Gabriel Contreras, que dejó su cargo el año pasado, y Mario Fromow, que deberá hacerlo este año. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso la solicitud para que ratifique a Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez como comisionadas. La primera es parte de la Comisión de Regulación de Energía —un organismo que, dicen, tiene fuerte conexión con el presidente— y la segunda, trabaja dentro del ámbito de IFT.
La avanzada de el Presidente de México contra el IFT y los organismos autónomos pone en riesgo lo que se supo construir. Posiblemente los resultados de las medidas de preponderancia en el mercado no hayan sido tan instantáneos como se hubiese querido, pero volver a un esquema en donde la política lidere las telecomunicaciones no parece ser la mejor opción. La forma de elegir los candidatos a ocupar los cargos de comisionado, que deben rendir un examen, es posiblemente una de las mejores prácticas de América Latina. En México se está abriendo un debate para arreglar lo que no está roto —en una movida que, además, puede ser contraproducente— en vez de poner el énfasis en cómo generar las condiciones de mercado que eviten la concentración y mejoren los servicios para los mexicanos.
