El material que late en el interior de los cableados urbanos son un objeto codiciado por el mercado ilegal de metales y propician un flagelo extendido, multiplicado en pandemia y signado por el desmantelamiento de las infraestructuras, pero también por la incomunicación temporal de los usuarios y las pérdidas económicas de los operadores.
Esta vez, el grito en el cielo lo puso el Sindicato de Telecomunicaciones (Sutel) de Uruguay, que denunció el ataque “reiterado que sufre la infraestructura” de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) y, aunque no precisó demasiado, advirtió que “en los últimos tiempos son innumerables los robos que se efectuaron de la red de cobre y de la fibra óptica” y ejemplificó el caso del Barrio Obelisco (Las Piedras), desconectado por la repentina falta de infraestructura.
“Nuestra preocupación radica en el desabastecimiento de los servicios para con nuestra población en momentos donde las comunicaciones son fundamentales para una cantidad de actividades (educación, trabajo, telemedicina, entre otras)”, señaló el sindicato en su comunicado.
En lo que va de este año y de la pandemia, los casos se multiplican. Una imagen que se viralizó fue la de un hombre que roba el cableado alumbrado público de una autopista de en Turbaco, Colombia, lugar donde se extrajeron ilegalmente más de 33 kilómetros de cableado y 200 cajas de inspección, por un total de casi 70.000 dólares (250 millones de pesos), que dimensionan la frecuente oscuridad de sus caminos y en un país que viene padeciendo largamente este flagelo.
Fue en Colombia también, pero en Boyacá, donde el hurto de comunicaciones llegó más allá e involucró, inclusive, la sustracción de baterías, plantas eléctricas, motores de antenas y hasta antenas de comunicación celular, entre otras piezas de torres ubicadas en más de una decena de municipios ubicados en los departamentos de Santander, Boyacá y Cundinamarca, entre otros.
Ya a fines de 2020, en las inmediaciones a las playas de Mar del Plata, en Argentina, unas 13 toneladas de cobre fraccionado fueron secuestradas en allanamientos policiales en el marco de una causa que investiga el robo masivo de cables telefónicos y de Internet, y en las que además se incautaron armas, autos, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Otro ejemplo de ese mismo país, pero en 2021, se dio en el barrio del conurbano bonaerense, de Lomas de Zamora, donde los usuarios de las comunicaciones fijas provistas por Telefónica de Argentina no tuvieron servicio durante 50 días a raíz del robo reiterado de las instalaciones.
Sin embargo, en el caso uruguayo, el comunicado de denuncia divulgado por Sutel agregó un componente adicional a esta problemática extendida: “Entendemos que hay una intencionalidad evidente para que nuestra Antel se deteriore, a los efectos de justificar las innumerables ofensivas privatizadoras”, y suma pólvora a un escenario de telecomunicaciones que viene caldeado por diversos motivos y en el que éste, podría ser otro elemento de desgaste. O no, y sólo se trata de una mala coincidencia.
