Brasil añora tener su red 5G en 2022 que, ya se sabe, no será standalone porque planifica echar mano a su recurso disponible en 4G y que, hasta ahora, sólo acredita una recurrente apuesta por el standby y por la cual todo su proceso está en un eterno retorno a la postergación.
Sucede que, una vez más, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) consideró que la documentación presentada por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) no está lo suficientemente completa para iniciar formalmente el análisis y hace unos días envió un nuevo listado de interrogantes, esta vez, cuestionando los criterios de precios de las bandas y la utilización de una herramienta desarrollada por la agencia en Python y utilizada para el cálculo de valores.
A estas idas y vueltas su suman otras reiteraciones, como las asociadas a la posibilidad de anexarle a la letra de la subasta la obligatoriedad de la conectividad escolar. Los impulsores de este pedido ven en 5G una oportunidad para saldar la promesa estatal de que en 2024 todas las escuelas públicas deberán contar con internet, razón por la que este martes 18 de mayo expondrán nuevamente su argumentos en la Cámara de Diputados.
Por primera vez en su historia, Anatel recurrió a escribir su propio programa recurriendo al lenguaje Python y, según publicó Teletime, lo hizo para poder procesar la variedad de modelos de negocios previstos y las obligaciones sumidas para 5G involucran y que consideraron imposible establecer en una hoja de cálculo de Excel.
Ahora, el TCU busca comprender cómo funciona el programa para tener la seguridad de poder auditarlo lo que hace suponer que, en adelante, habrá una solicitud de ajuste en el software para sumarle transparencia y, por lo tanto, un próximo y nuevo aplazamiento.
La prórroga ya es la norma en la licitación del espectro para 5G en Brasil y el próximo sábado se cumplirían los 60 días que el TCU tenía originalmente para avanzar con sus análisis; sin embargo, el tribunal aún no considera que la documentación presentada por Anatel esté completa para iniciar el análisis formal y, por lo tanto, aún no están corriendo esos plazos reglamentarios previstos.
La primera tanda de cuestionamientos surgió a partir de la presunción de ilegalidad de la Red Privada y el Programa Amazonia Integrada y Sostenible (PAIS), dos de los planes prioritarios previstos para el Ministerio de Comunicaciones. Inclusive, hay rumores fuertes acerca de que estos dos cuestionamientos no serán zanjados hasta tanto no sean removidos del aviso.
A su vez, y en lo que refiere al debate en torno a garantizar la conectividad escolar, este martes también tendría cita el grupo de trabajo de la Cámara de Diputados en la que se monitorean los avances de 5G y que profundizaría, junto a la Comisión de Educación, la discusión acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el sector educativo.
Sucede que alrededor del 30 por ciento de las 140.242 escuelas públicas brasileras no poseen acceso a Internet y los impulsores de incluir este requisito en la letra de la subasta subrayan que el Plan Nacional de Educación establece dicha obligatoriedad al ordenar que en 2024 todas las escuelas públicas deberán contar con internet y ven en 5G la oportunidad de volverlo realidad.
La audiencia de este martes habría sido convocada por Perpétua Almeida (PCdoB-BA), diputada y coordinadora del grupo de trabajo, junto a Dorinha Seabra Rezende (DEM-TO), presidenta de la Comisión de Educación, quienes reclaman que la subasta de 5G no menciona aspectos educativos.
Sin embargo, el asunto de la conectividad escolar y la letra de la licitación ya había sido reclamado hace un mes por Tabata Amaral, diputada federal en San Pablo del Partido Democrático Laborista y activista por la educación de aquel país, y cuya respuesta no tardó en llegar por parte de Vinicius Caram, superintendente de Recursos de Subsidios y Cuotas de Anatel, quien señaló que el acceso a Internet en las escuelas de Brasil estaría garantizado en el Plan Estructural de Redes de Telecomunicaciones (PERT) y que, por lo tanto, no sería necesario recurrir a desembolsos adicionales ni a anexarlo a la licitación por 5G.
A partir de esta nueva petición de ampliación de información y la reiterada formulación de pedidos extra licitatorios, la única certeza parece ser que aún queda un largo camino por delante para que la subasta considerada la más grande de la historia del país se concrete. Con todo, lo único cierto, hasta ahora, es que no hay plazos.
