Comenzó la cuenta regresiva para la convocatoria a la licitación de 5G. En la última semana el Ministerio de las Comunicaciones completó los papeles que aún debía elevar, de acuerdo a lo establecido por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) que, a través de la disposición 81/2018, ordena que los documentos deben estar listos 90 días antes del inicio del proceso. El TCU, en tanto, cuenta con 75 días para cumplir con él.
Hace unos días, el ministro de Comunicaciones, Fábio Faria, había asegurado que el proceso se completaría en agosto, lo que pone más presión a los distintos actores que deben formar parte de él. Lo cierto es que los tiempos de la normativa son un poco más largos que los de la expectativa del funcionario.
Si se cumplen los plazos de la normativa a rajatabla, el TCU debería recibir toda la documentación a mediados de septiembre y, tras ser sometida a su consideración, enviado sobre el final de ese mes a la Anatel. Si bien algunos aspectos ya fueron analizados y esto se traduciría en una aceleración de los plazos, también es cierto que el TCU tiene la potestad para otorgar más tiempo a los equipos técnicos en caso de considerar una evaluación más profunda en algunos puntos, según señaló Teletime.
El tema que más preocupación genera es el relacionado a la red privada para uso gubernamental, cuya construcción será una obligación de la licitación. Es tan alta la controversia en torno a este punto que fue uno de los que, durante la misión 5G realizada a los Estados Unidos unas semanas atrás, se discutió con integrantes de la FCC para conocer sobre los modelos de redes privadas usadas en ese país.
Si bien hay una buena predisposición de la Anatel para colaborar con el TCU y aportar información para despejar las dudas, la reguladora también manifestó su malestar sobre algunos aspectos que, entiende, son de su responsabilidad.
La licitación de 5G es la que más expectativa genera en América latina debido a que, una vez que se ponga en marcha el proceso y se definan los ganadores de esa licitación, el nivel de inversión que se prevé será tan importante que actuará como impulsor de otros procesos que aún no se activaron en otros países.
De acuerdo a los plazos previstos originalmente, en julio de 2022 Brasil debería comenzar a ofrecer sus primeros servicios 5G. De ahí el apuro por cumplir con los tiempos del proceso y del buen horizonte que se prevé con la evolución hacia la quinta generación móvil.
Hasta ahora, el país más avanzado es Chile que, enero pasado, completó su proceso de licitación, por el que recaudó 453 millones de dólares, el más alto obtenido en un concurso de este tipo en la industria de las telecomunicaciones. Si bien todavía faltan cuestiones técnicas a resolver en el marco de esa convocatoria la expectativa es que a partir de 2022 comiencen a concretarse los primeros despliegues comerciales. No debe olvidarse, sin embargo, que fue Uruguay el que primero instaló antenas 5G, en 2019, en la región y se convirtió en el pionero latino de esta tecnología.
