Ecuador atraviesa días álgidos en lo que refiere a la comunicación, porque mientras se presentan y debaten diversas iniciativas legislativas tendientes a reestablecer el contrato social vinculado a la libertad de expresión y los contenidos, hay medios incautados y la decisión política de venderlos.
La primera semana de agosto, la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) presentó a Luis Almeida, asambleísta por el PSC, la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación y el propio Kléber Chica Zambrano, presidente de AER, dijo que “el fondo de todo esto es que se reforme la actual ley con todo lo que podemos aportar las asociaciones”.
Con ésta, ya son tres las iniciativas que se debaten en la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, dado que también se está discutiendo el proyecto de la Ley para la Libertad de Expresión, impulsado por el Ejecutivo –y descargable aquí– ; y el de Ley Orgánica para la Garantía, Promoción y Protección de la Libertad de Prensa y de la Comunicación, promovido por los legisladores Marjorie Chávez (PSC) y Fernando Villavicencio.
El documento enviado por AER, según divulgó El Universo, propone reducir el porcentaje accionario de las organizaciones o compañías extranjeras en un nueve por ciento (del 49 al 40 por ciento); reconoce el estatus de derecho al principio de participación ciudadana de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; y exime a los medios privados de la obligatoriedad de difundir contenidos interculturales.
La iniciativa también propone derogar el artículo 30 de la Ley Orgánica de Comunicación, referido a información de circulación restringida, por considerar que el comunicador “no puede conocer de antemano qué información está o no restringida por el Estado” y advierte que esto “iría es desmedro de sus derechos”.
A esa mirada crítica se suma la de Eduardo Guachamín, secretario ejecutivo de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador (Corape), para quien el proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, presentado por el presidente Guillermo Lasso a la Asamblea Nacional, representa “un retroceso en materia de derechos y participación ciudadana”, porque quita derechos consagrados a los medios del tercer sector.
Guachamín se expresó de este modo ante la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana de la Asamblea Nacional, ámbito en el que también señaló que la ley debe incorporar los concursos públicos de frecuencias, distribución equitativa de frecuencias radioeléctricas que garanticen la disponibilidad del 34 por ciento a los medios comunitarios; y se suma a un reclamo sectorial varias veces expresado.
Pero no es el único conflicto que las comunicaciones enfrentan en Ecuador. Sucede que en esas latitudes, muchos medios fueron incautados por gestiones de gobierno anteriores y que la gestión actual estaría dispuesta a venderlos.
Según los datos oficiales, las acciones de estas empresas están valuadas en 16.557.823,19 dólares que, según publicó El Universo, fue el propio Eduardo Bonilla, secretario de Comunicación, quien manifestó que la intención del Gobierno es vender a todos los medios privados incautados, al tiempo que reconoció que existen “restricciones legales” que lo impiden.
En total, de 13 medios que fueron incautados y que están en manos del Estado, solo cuatro son empresas activas (Cadena Ecuatoriana de Televisión, El Tiempo, Radio Difusora del Pacífico Rapasa y Electroquil) y ocho están en fase de disolución y liquidación (Compañía Televisión del Pacífico Teledós – Gamavisión, Cablevisión, América Visión, Editorial Uminasa, Radio Bolívar – Super K800, Organización Radial C.A., radio La Prensa y Movidad).
El Estado participa de estos medios incautados a través de Empresa Pública de Comunicación del Ecuador, figura creada durante la gestión de Lenín Moreno; y nueve de las empresas incautadas ya le cedieron sus acciones. Y, allí también se suma el conflicto de las y los trabajadores de esos medios que, en buena medida, perdieron sus fuentes laborales.
Pero un ejemplo de ese impedimento del que hablaba Bonilla es Filanbanco, medio que obtuvo un dictamen favorable del Comité de Derechos Humanos de Ginebra y por el que se ordenó la devolución de los bienes que habían sido incautados en 2008, durante la gestión de Rafael Correa. E, inclusive, dictamen que facilitó la existencia de una medida cautelar que prohíba la enajenación.
La gestión de Lasso inauguró sus primeros días de gestión con definiciones en materia de telecomunicaciones al reformar la Ley Orgánica que rige al sector pero en lo que refiere a medios y libertad de expresión, los debates no cesan y caldean el escenario.
