La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual le solicitó formalmente a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que “interceda y se exprese” ante la medida cautelar que obtuvo Telecom y por la que ignora las implicancias del Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690), que declaró esenciales a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs).
Según lo publicó la agencia de noticias pública de Argentina, Télam, la Defensoría solicitó que la ONU “formule recomendaciones” al Poder Judicial a partir de los procedimientos previstos que la facultan cuando se vulnera un derecho humano y que, en este caso y según lo señala el propio DNU, es el acceso igualitario a Internet.
A su vez, considera que la cautelar otorgada al operador, por parte de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal -dictada en abril y recientemente prorrogada por seis meses– “afecta” a los derechos reconocidos por tratados internacionales, como la Declaración Universal de los DDHH y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al impedir “el ejercicio de la libertad de expresión en el ámbito digital”.
Sucede que la medida cautelar exime al operador de cumplir con las implicancias establecidas en el decreto pero también niega la letra de las resoluciones emitidas a su sombra por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), vinculadas al control de precios (resoluciones 1666/2020 y 204/2021) y la oferta de una Prestación Básica Universal Obligatoria (resolución 1467/2020).
“Esta Defensoría considera que la declaración de servicio público de Internet, la regulación de las tarifas (del wifi hogareño, por caso) y de una tarifa social para acceder a Internet, medidas dispuestas por el Decreto 690/2020 actualmente suspendidas, reafirman el derecho de toda persona a un nivel adecuado de vida para sí y su familia”, citó del texto original la agencia.
En este documento, de 38 carillas, elevado y firmado por la titular del órgano, la periodista Miriam Lewin, se citan dos denuncias recibidas por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores y por la comunidad indígena Painefilu, del paraje Pampa de Malleo, Neuquén; respectivamente, en las que se ejemplifica el impacto de la desafectación del derecho.
A su vez, la nota recuerda una reciente resolución de la ONU, sobre “Promoción, Protección y Disfrute de los DDHH en Internet”, en la que se ratifica la noción de que acceder a esta prestación es un derecho humano fundamental y que, como tal, debe estar garantizado por el Estado y respetado por las empresas.
Cabe recordar que hace pocas semanas, la Justicia local rechazó el pedido de Telefónica para declarar la inconstitucionalidad del decreto; y que aún tienen vigencia las solicitudes de inhibición emitidas por la justicia cordobesa, a favor de Catriel Televisora Color y de TV Cable Color, y de la justicia misionera a favor de Video Color Campo Grande.
Se trata de una normativa que generó una brecha entre el Estado y los operadores, porque mientras que el primero buscó dar universalidad al acceso en tiempos de pandemia; los segundos reclamaron que la normativa les genera un impacto negativo en sus perspectivas de negocio y en sus planes de inversión, además de cuestionar que los criterios de servicio público y de servicio en competencia no son compatibles, y de haber cambiado las reglas de juego del sector.
