El Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690) sigue generando fojas administrativas en los juzgados locales. Esta semana fue el turno del juzgado Contencioso Administrativo Federal 8 que otorgó una prórroga de seis meses a la vigencia de la medida cautelar que había otorgada a Telecom Argentina y por la que se frenó el alcance de la letra del decreto para esta empresa.
Durante el primer año de la pandemia, el Ejecutivo Nacional de Argentina dictó el DNU 690 para declarar a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y otorgó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) la potestad para regular las tarifas.
El objetivo de esta normativa fue propiciar la universalidad del servicio de conectividad y de establecer políticas de asequibilidad en tiempos de aislamientos poblacionales, pero generó más de un desencuentro. Los operadores, por ejemplo, reclaman que la normativa les genera un impacto negativo, tanto en sus perspectivas de negocio como en sus planes de inversión. En ese sentido, además, muchos especialistas evalúan que los criterios de servicio público y de competencia no son compatibles y la entienden un desacierto.
Lo cierto es que con el correr de los meses, la rispidez entre los operadores y los funcionarios públicos se profundiza.
Otros operadores que lograron interponer una medida de freno a la letra del Decreto fueron Catriel Televisora Color, TV Cable Color, Telecentro y DirecTV; y para los funcionarios locales estos frenos a la aplicación de la normativa generan un escenario de desigualdad respecto del resto de los operadores que sí son alcanzados por las obligaciones.
En este repaso, también cabe recordar que hace un mes, el juzgado Contencioso Administrativo Federal número 5 negó la petición presentada por Telefónica de Argentina para declarar la inconstitucionalidad del DNU.
