Paraguay promulgó la Ley de Servicios de Confianza para generar el ecosistema de dinero móvil por el que tanto se debatió en 2021 y que ahora se la conoce como la Ley 6.822/2022, cuya normativa despliega sus definiciones a lo largo de 47 páginas.
La medida fue publicada en la primera semana del año, en la Gaceta Oficial N°2 de 2022 -disponible aquí-, en la que se sentencia que a fines de mayo entrará en vigencia la ley titulada “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas, del documento electrónico y los documentos transmisibles electrónicos”, promulgada por el Ejecutivo el 30 de diciembre de 2021.
A mediados de 2021 y tal como lo reflejó TeleSemana.com y la prensa local, el país vio la sucesión de debates que transcurrieron hasta su sanción, momento en que los diputados locales aceptaron el veto expresado por el Poder Ejecutivo.
El debate que más tensión generó fue el dado en torno al artículo 103 y al descontento que significó que las operaciones electrónicas se respaldaran en un sistema de identificación de alto nivel de seguridad, tal como lo solicitó el sector bancario; y que fue considerada una “innecesaria complicación” por sectores como, el de los operadores móviles; y que motivó el veto oficial.
“Esta disposición implicaría la generación de factores de exclusión financiera, configurándose en una barrera de acceso para personas de menores recursos y significaría un incentivo para el uso del dinero en efectivo”, dijo el Ejecutivo en los argumentos del veto, que divulgó el portal local ABC, y sugirió incorporar mayores niveles de seguridad de forma gradual y acorde al riesgo de la transacción.
A su vez, la Comisión Nacional de la Competencia (Conacom) dictaminó que el artículo controvertido atentaba contar la libre competencia y lo ponderó inoportuno por no existir “estudios detallados” sobre su necesidad e impacto, en relación a establecer un alto nivel de seguridad a todas las transacciones.
“Esta ley permitirá generar confianza en las transacciones e interacciones electrónicas entre el Estado, sector privado y ciudadanía, colaborando al desarrollo social y económico del país”, dijo en su artículo el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y sentenció que busca “establecer el marco jurídico para la identificación electrónica, el sello electrónico, el sello de tiempo electrónico, el documento electrónico, el expediente electrónico, el servicio de entrega electrónica certificada, el servicio de certificado para la autenticación de sitios web, el documento transmisible electrónico y, en particular, para las transacciones electrónicas”.
Inclusive, el MIC lo valoró como “una de las reformas más importantes del Estado, de los últimos tiempos”. Lo cierto es que el negocio de giros y de billetera electrónica movilizan alrededor de 160 millones de dólares anuales en el país y requería de una normativa que lo alcanzara. Con todo, la letra ya está acordada y la práctica ya está reglamentada.
