La historia amerita un buen sillón, palomitas de maíz y tiempo para entregarse a una narrativa digna de ficción: entretenida, sencillamente, si no fuera verídica. Hace apenas unos días, la Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil (Anatel) trató y aprobó la venta de Oi Movil a sus pares Claro, Vivo y TIM. Sin embargo, y horas antes que se realice la evaluación de la oficina de competencia en el país, conocido como el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), circuló un pedido formal de anulación por “deficiencia de competencia”. La noticia, por sí sola, es un escándalo y crece en drama si se la pone en contexto: a por ello.
En estas últimas horas, Copel Telecom pidió formalmente la nulidad de las asambleas que aprobaron la venta de Oi y señaló que Emmanoel Campello, quien ofició de presidente de ambos encuentros, no debía hacerlo. La acusación se tradujo en la destitución y reemplazo del funcionario y un escenario caldeado en Brasil. Pero, ¿y la venta de Oi a los tres operadores celulares -Claro, TIM y Vivo- también se cancela? Supuestamente, no… aunque son horas álgidas y muy controvertidas.
Los medios locales rugen al ritmo de los trascendidos y las declaraciones oficiales. Por ejemplo, una fuente de la agencia dijo a Telesíntese que esta cancelación involucraría “la inseguridad jurídica del proceso” pero que no impactaría en las empresas.
Pero el representante del Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil en el Cade, Waldir Alves, pidió el bloqueo de la venta de activos de Oi y alegó en su pedido que el traspaso violaría la competencia y, aunque su recomendación fuera no vinculante y no implicaría la necesaria aceptación, sumó zozobras e insertó un fuerte debate acerca de las medidas que se tomarán para la protección del mercado local. Fue la consecuencia de un procedimiento administrativo surgido al calor de un pedido de investigación que Algar Telecom hiciera un año atrás.
Lo cierto es que la adquisición de los activos de Oi se expusieron a una subasta en 2020 y éstos fueron los tres operadores que se impusieron y quienes establecieron un plan para dar continuidad de cobertura a los clientes; cuya venta se concretó el 14 de diciembre de 2020 por 16.600 millones de reales (3.195 millones de dólares, convertidos al cambio de aquel momento).
A su vez, los operadores que adquirieron las partes de Oi negaron la conformación de un consorcio. Telefónica Brasil comunicó a los medios, por ejemplo, que “contrariamente a lo que afirma el fiscal, la oferta fue realizada conjuntamente por las tres empresas, pero no en forma de consorcio, y dará lugar a tres adquisiciones absolutamente independientes por parte de los compradores, que siguen y seguirán compitiendo enérgicamente en el mercado”.
TIM Brasil, a su turno, sostuvo que “una caída desordenada de Oi traerá consecuencias caóticas para todo el sistema de telecomunicaciones, con impactos para la competencia, el consumidor y el avance digital del país”.
Un breve repaso por la historia de Oi lo ubica como el operador que consiguió ser el mayor jugador de telecomunicaciones de Brasil, nacido al calor de la privatización en 1998 de la empresa pública Telebras. Lo que siguió fue una historia de crecimiento exponencial y una posterior caída que, de igual porte, lo condujo a la quiebra en 2016 y el mayor pedido de recuperación judicial de la historia de Brasil.
Este miércoles, 9 de febrero, se escribirá un nuevo capítulo de esta historia, cuando el Cade sea el ámbito en el que se analice y defina la suerte de la operación móvil involucrada en este largo proceso.
