El Ministerio Público Federal y el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) admitieron el pedido de Algar Telecom y se abrirá un procedimiento administrativo para revisar irregularidades a la competencia en la compra de Oi Móvil por parte de TIM, Vivo y Claro. La operación se concretó el 14 de diciembre por 16.600 millones de reales (3.195 millones de dólares).
El objeto del documento es “acompañar eventuales impactos perjudiciales en la competencia devenidos de la anticipada adquisición de los activos de telefonía móvil de Oi por parte del consorcio”. También se cita el elevado nivel de concentración del sector, pues los cuatro involucrados controlan a la fecha el 95 por ciento del mercado, indicó el portal local Teletime.
TIM, Vivo y Claro llegaron a un acuerdo previo con Oi para adquirir sus activos móviles. Por eso, el consorcio llegó con la ventaja de cubrir cualquier otra oferta al momento de la licitación. Había al menos dos interesados más, que no llegaron al momento de la puja: Highline, que se concentró en otras unidades, y Algar Telecom, que analizó hacer una oferta conjunta con Archy.
No habría motivos suficientes, al menos eso marcan los análisis más profundos sobre el tema, para evitar que los tres grandes players se queden con los activos de su competidor. De hecho, las partes tomaron nota de eventuales conflictos y se dividieron infraestructura, espectro y clientes pensando en cumplir con los máximos autorizados por los reguladores. Algar Telecom deja claro que el proceso será más largo que lo que esperan los involucrados.
