La banda ancha rural presenta desafíos para los distintos gobiernos del mundo preocupados y ocupados en reducir la brecha digital. El desafío se expande cuando, además de cerrar esa brecha, hay que prestar atención a los requerimientos de banda ancha que se dan en esas poblaciones remotas, de baja densidad poblacional y con un poder adquisitivo por debajo de la media pero que consumen ancho de banda como cualquier población de zona urbana del mundo y mejor poder adquisitivo.
Es parte de la discusión que se está dando en estos días en los Estados Unidos, a partir del plan del presidente Joe Biden destinado a ampliar la conectividad en las zonas rurales, proyecto para el que se prevé un desembolso de 100.000 millones de dólares. Pero que exige mirar ciertos aspectos con mayor atención porque, como cualquier economía de escala, los costos para alcanzar a áreas remotas no son los mismos que los de las grandes poblaciones urbanas.
No importa en qué lugar del mundo una persona viva, consumirá tanto ancho de banda como su afición por el entretenimiento y los contenidos en línea lo requieran, sin importar sexo, raza, religión y condición socioeconómica. Podría decirse que todo el mundo consume streaming de video en altos niveles. Y aquí es donde se plantea un desafío para llevar y ampliar la conectividad a las zonas rurales.
Sobre este punto se concentra un informe de Strand Consulting que aborda la cuestión en Estados Unidos, pero que podría aplicar a cualquier otro país. Allí, unos 13 millones de personas, equivalente al 22 por ciento de la población, se encuentra en las áreas rurales que, aunque con acceso a Internet, su servicio está lejos de lo que hoy se considera como alta velocidad. A estas poblaciones se destinarán parte de los 100.000 millones de dólares en subsidios que el gobierno de Joe Biden orientó hacia ese fin.
¿Por dónde pasa el problema? El reporte advierte que, más allá de que hay aplicaciones on line que aumentaron su tráfico en pandemia y que continúan utilizándose en esta etapa de salida, sea para estudiar o trabajar, no demandan los mismos requerimientos de ancho de banda que las de entretenimiento, como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney+/Hulu, y Microsoft XBox.
En el informe se da cuenta de las dificultades que tienen los proveedores de banda ancha para satisfacer las necesidades en sus áreas de influencia, en las que atienden, en promedio, a unos 20.000 clientes, además de lo que Strand llama una huella de red de unos 4.800 kilómetros cuadrados en promedio. “Los altos costos fijos de una red de acceso de banda ancha significan que los proveedores deben administrar cuidadosamente los precios para poder generar suficientes ingresos de un área determinada sujeta a un conjunto de precios anunciados”, advierte el reporte.
La ecuación de precios fijos y uniformes para un servicio determinado plantea desafíos especiales para todos los proveedores de banda ancha, pero particularmente para cuando la discusión se lleva a las áreas desatendidas. La razón de este razonamiento específico se debe a la relevancia de los OTT en los consumos cotidianos.
Y apunta que, sobre un valor de unos 50 dólares por el servicio de conectividad que pagan los usuarios es posible cubrir el costo de la última milla pero no el de capital de la milla intermedia que, en la visión de esta consultora, se trata de un costo separado que impacta en los requisitos de equipos a medida que sube el tráfico.Y, se sabe, el tráfico sube siempre que se aumenta el ancho de banda. Es una regla universal desde el inicio de Internet.
Al gasto en banda ancha que realizan los usuarios se debe sumar el que efectúan para pagar los servicios de videostreaming que en promedio suele rondar los 25 dólares, y que se concentra en Amazon Prime, Netflix, YouTube, Disney+ y Microsoft que se llevan el 75 por ciento del tráfico total también de las redes rurales. Y acá es donde Strand plantea el desafío que esto representa, desafío que ya viene registrándose a partir del incremento de los consumos de ancho de banda que suponen las plataformas de streaming.
Al tratarse de zonas menos densamente pobladas, el costo de capital por ampliar el ancho de banda para satisfacer esas demandas de video es de 11,65 dólares por mes por cliente, costo que hoy es absorbido por las prestadoras de Internet.
De ahí que el informe de Strand asegure que “entre el 77 por ciento y el 94 por ciento de los costos totales de la red están relacionados con el entretenimiento, básicamente la transmisión de video. Esto supuso un crecimiento de 100 a 180 dólares de costos no recuperados por suscriptor por año”.
Pero el análisis no se queda aquí. También destaca que la expectativa es que el costo de esa milla intermedia se duplique en los próximos tres a cuatro años mientras la cantidad de suscriptores se mantendrá constante. Concluye, así, que el costo no recuperado pasará de esos 11,65 dólares a más de 25,04 dólares por cada cliente, es decir, más del doble.
Esta evaluación, efectuada sobre cuatro proveedores, podría aplicar a cualquier otro ISP que deba abordar la problemática de la conectividad en las zonas rurales o menos densamente pobladas que, más allá de su geografía, tienen los mismos comportamientos de consumo de videostreaming que quienes viven en las principales aglomeraciones urbanas.
Y aquí aparece el lamento eterno de la industria. Las plataformas OTT no contribuyen a los costos de red media o de última milla y, además, rechazan los esfuerzos para encontrar métodos de recuperación de costos, sentencia el informe. Los servicios de almacenamiento en chaché que suelen brindar Netflix y YouTube a los ISP rurales no alcanzan para cubrir esta necesidad de inversión. Por eso, el reporte concluye que “es probable que el modelo actual de fijación de precios plana y uniforme sobre el área de servicio, aún cuando pudiera tener un subsidio, se volverá insostenible para la provisión de banda ancha rural”.
Y aquí vuelve sobre la iniciativa de Biden orientada a ampliar esa conectividad en esas zonas, básicamente. Strand sugiere que, aunque los proveedores de Internet recurran a ese subsidio federal para brindar el servicio, al ser fijo y uniforme podría aumentar el número de usuarios de alto consumo de ancho de banda y profundizando, así, el problema.
Por eso, desde Strand consideran que mejorar la financiación de la banda ancha rural resulta crucial para generar oportunidades de mercado nuevas para los proveedores de Internet, especialmente en un momento en que, a nivel político, se debate sobre la banda ancha rural y el cierre de la brecha digital.
