“Da efecto práctico a la noción que dice que lo que es ilegal fuera de Internet, debería serlo también en Internet, y que a cuanto mayor sea el tamaño, mayores serán las responsabilidades de las plataformas”, dijo Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y resumió en buena medida el acuerdo que alcanzaron los integrantes del parlamento europeo al votar la nueva Ley de Servicios Digitales (LSD) que, por estas horas, es considerado un “hito”. Se trata de una normativa acordada en la madrugada del sábado pasado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, que impone nuevas exigencias a las plataformas y a las empresas que operan en Internet, en lo relativo a la responsabilidad del contenido publicado. Su objetivo es reducir la desinformación, la violencia digital (amenazas, ciberacoso, entre otras), proteger a las infancias y multar su incumplimiento con cifras millonarias.
Así, con el norte de llevar al mundo online los criterios de protección de los derechos fundamentales que rigen la vida analógica u off line, la nueva Ley de Servicios Digitales (también identificada como DSA, por su sigla en inglés) tendrá alcance a todo el universo de intermediarios digitales que presten servicios en la UE, con foco en gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Meta (Facebook) y Twitter. A ellos los nombra como “las grandes plataformas y servicios digitales” y les impone que, a partir de ahora, realicen un análisis anual para “reducir los riesgos asociados a la difusión de contenidos ilegales o la manipulación de servicios con impacto en los procesos democráticos y la seguridad pública”, tal como lo publicó la agencia Europa Press.
El texto definitivo todavía no se conoce pues, tras un largo viernes de debate que concluyó en la madrugada del sábado 23 de abril, el texto consensuado será definido y validado por un equipo legal técnico y preciso. Una vez que ese proceso culmine, la normativa se publicará en el Boletín Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 15 meses después. Inclusive, y según lo publicó el portal ara.cat, en junio próximo una delegación de parlamentarios visitará Sillicon Valley para conocer la opinión de las empresas más impactadas por esta norma, como Meta, Google, Apple y otras.
Lo que sí se sabe es que la nueva legislación busca castigar los contenidos ilegales que circulan en Internet, como también a desalentar la desinformación digital. Para ello, la LSD introduce la idea de “responsabilidad algorítmica” por la que, a partir de ahora, los estados miembros de la UE accederán a los algoritmos de los productos ilegales publicados en las plataformas on-line, al obligarlas a denunciar dicho contenido, producto o servicio, y eliminarlo de la web.
Thierry Breton, comisario europeo de Comercio, publicó en su cuenta personal de la red social Twitter que este pacto permite poner fin a “la era de las plataformas on-line que se comportaban como si fueran ‘demasiado grandes como para preocuparse’”.
En general, se trata de controles que apuntan a garantizar la transparencia y la fiabilidad de la información y mediante los cuales el Consejo y el Parlamento de la UE tendrán, en adelante, facultades exclusivas para supervisar a los proveedores alcanzados, y cuya supervisión deberá realizarse junto a los Estados miembros.
La cuestión algorítmica está en el centro del debate, dado que la intención es ofrecer mayor cuidado a la población usuaria de las plataformas y otorgar, además, un “mejor control sobre cómo se utilizan sus datos personales”. Ahora, por ejemplo, se les prohíbe dirigir propuestas publicitarias sobre la base de los datos confidenciales de la persona usuaria, como pueden ser su edad, orientación sexual o etnia; del mismo modo que tampoco pueden usarse para la confección de los parámetros hasta ahora utilizados para la recomendación que contenidos.
Además, promete ofrecer una mayor protección a aquellas personas que resultan víctimas de violencia informática como es el caso de la publicación de imágenes indeseadas y no consentidas (muchas veces íntimas); de cara a promover un mejor uso de la red. Otra imposición involucra, por ejemplo, que la cancelación a un servicio o suscripción tiene que ser tan fácil como lo es su adhesión o inicio de uso.
Las penas por incumplimiento involucran, por ejemplo, el pago de multas de hasta el seis por ciento de la facturación mundial de la plataforma en cuestión. El universo de empresas que operan en la red es grande y, aunque la normativa piensa en la generalidad del caso, ofrece plazos diferentes según sea el porte corporativo y, por ejemplo, las pequeñas y medianas contarán con mayores plazos, además de recibir asesoramiento legal.
Von der Leyen caracterizó a este acuerdo como “histórico, tanto en velocidad como en sustancia”, y lo valoró por intentar garantizar que el entorno on line siga siendo un espacio seguro, en el que salvaguarden la libertad de expresión y las oportunidades para los negocios digitales.
A su vez, Amnistía Internacional no demoró en valorar de forma positiva la normativa y fue Claudia Prettner, asesora jurídica y sobre políticas de Amnesty Tech, quien aseguró que “constituye un hito en la historia de la regulación de Internet” y valoró que “pone un freno al poder sin control de las grandes empresas tecnológicas” y que la LSD crea “un entorno online más respetuoso”.
“Nuestros datos de carácter más íntimo llevan mucho tiempo instrumentalizándose para menoscabar nuestro derecho a la privacidad, intensificar la desinformación, avivar el racismo e, incluso, influir en nuestras propias ideas y opiniones”, dijo Prettner al tiempo que cuestionó que “la LSD podría haber ido más allá y haber eliminado progresivamente todas las prácticas invasivas de publicidad que se basan en la recopilación de datos” y que valoró esencial que esta nueva legislación “se aplique de forma enérgica para que no se convierta en simple papel mojado”.
El contenido de la LSD se discute desde 2020, pero recién logró reunir los acuerdos necesarios para su aprobación en la madrugada del sábado 23 de abril. De esta manera, se propone como uno de los pilares legislativos europeos al respecto del cuidado y control del contenido que circula en Internet, junto a la Ley de Mercados Digitales (LMD o DMA, por sus siglas en inglés), que fue sancionada en marzo de 2022.
Sin embargo, y aunque muchas limitaciones resultan claras, también permiten imaginar el inicio de debates; por ejemplo, en materia de libertad de expresión dada la facilidad que a priori puede suponer el posteo de un producto ilegal en una plataforma de comercialización versus el posteo de un comentario en una red social. La dificultad, por ende, que puede surgir al momento de moderar comentarios.
Con todo, la noticia corre como agua y ya se empieza a avizorar el escenario de lo que vendrá. Pues la necesidad de regular a las plataformas está en la agenda política global. Hace casi un año, por ejemplo, los parlamentarios de Estados Unidos lo discutían y era parte de la agenda del G7.
