La Declaración para el Futuro de Internet, iniciativa que comandó Estados Unidos en conjunto con la Unión Europea (UE), y a la que adhirieron 60 países de todo el globo, contó con la anuencia regional de países como la Argentina, Perú y Colombia, pero no de la de México, ni de Chile, ni de Brasil, por mencionar tres casos latinoamericanos ausentes. Si bien hasta el momento no trascendieron comunicados oficiales acerca de los motivos que pudieron conducir a éstos a no participar, sí se pueden elucubrar algunas motivaciones a partir de observar debates profundos y recientes dados en cada uno de esos territorios.
El acuerdo se erigió como una plataforma de consenso político, basado en intenciones y buenas voluntades, vinculadas a prácticas recomendadas en Internet y de su naturaleza de “libre, abierta y unificada”. La letra cuestiona a aquellas iniciativas que buscan “reprimir la libertad de expresión, censurar sitios de noticias independientes, interferir en elecciones, promover la desinformación y negar otros derechos humanos a sus ciudadanos”, como también señala de forma negativa la existencia de barreras en el acceso y a las amenazas de ciberseguridad que “socavan la confianza y confiabilidad de las redes”, entre otras tantas definiciones.
En líneas generales, el documento valora de forma positiva a aquellas acciones que protejan los derechos humanos y las libertades inherentes al ser, la libertad informativa y la noción de Internet global, al igual que el fomento de acciones que permitan achicar la brecha digital al señalar a la Red y a su uso como un activo de la economía digital. Del mismo modo, señala la importancia de facilitar la construcción de un ecosistema digital mundial que proteja la privacidad y fortalezca su gobernanza.
Brasil es uno de los países de la región que no figura entre los firmantes y las razones pueden encontrarse en las iniciativas que el gobierno de Jair Bolsonaro, presidente de ese país, tuvo hasta la fecha. Inclusive, y tal como lo define el medio local Teletime, estaría dado porque “hay un conflicto entre la agenda y los intereses del gobierno brasileño que puede explicar esta abstención”.
Un buen ejemplo de ello es la iniciativa legislativa que el Ejecutivo envió al parlamento local en septiembre pasado para modificar el Marco de Derechos Civiles para Internet (MCI), normativa que rige en el país desde 2014, y cuyos cambios aspiraban a intervenir en la moderación de contenidos publicados en las redes sociales pero que fue denegada por considerar que “contrariaba las reglas constitucionales” y generaba “inseguridad jurídica”.
Esa discusión, en Brasil, atravesó diferentes momentos y calores, idas y vueltas, y hace casi un mes la Cámara de Diputados local rechazó el requisito de tratamiento de urgencia de la propuesta reformulada y presentada como herramienta para evitar la difusión de noticias falsas. Otro caso paradigmático y similar se dio hace apenas unas semanas, en marzo y por orden judicial, cuando el país bloqueó por 48 horas el acceso a la aplicación de mensajería Telegram, tras acusarlo de no cooperar con las entidades de seguridad nacional al no eliminar determinados perfiles de usuarios, identificados como emisores de información falsa.
En el caso de México, a su vez, comparte con el brasilero la cuestión de agenda oficial. En este caso, acaba de cerrar un proceso que acreditó más de un año y que culminó, hace apenas una semana, con la declaración de inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT). Cabe recordar que dicha base de datos fue una iniciativa oficial, del Ejecutivo local, que involucraba la carga obligatoria de todos los datos de los usuarios móviles (biométricos inclusive), a cambio de la disponibilidad de la línea y que se erigía como una política activa contra la delincuencia. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados estuvieron vinculados al mejor cuidado de los derecho elementales y las cuestiones vinculadas a la seguridad informática.
En el caso de Chile, los motivos podrían estar dados por otras cuestiones. Sucede que el país atraviesa un proceso de cambios muy profundos, que involucran toda su concepción de Estado. Sin ir más lejos, y en lo que refiere a telecomunicaciones, por ejemplo, avanza en la idea de definir a la infraestructura local como un bien público, y se puede prever que buena parte de las intenciones establecidas en la Declaración para el Futuro de Internet formen parte de este espíritu renovado en el país.
Inclusive, en el país trasandino se viene desarrollando -con gran variedad de ejemplos- la noción de que las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) son impulsoras de la economía, a partir, por ejemplo, de las nacidas al calor de la licitación de 5G y la decisión local de convertir al país en un hub digital. Con todo, en este caso, llama la atención no ver su firma entre el listado de presentes.
