El día de Internet volvió a la presencialidad en la Argentina. Después que el tradicional encuentro quedara trunco en 2020 y se retomara en 2021 pero en formato virtual, en este 2022 volvió a tener un escenario desde donde expresar las posiciones en relación al presente y al futuro del sector de las telecomunicaciones; en donde el Decreto de Necesidad y Urgencia 690 (DNU 690), que provocó la intervención estatal en el esquema de precios, volvió a estar en el centro de los reclamos; y en donde el Estado refrendó ciertas posturas aunque también dejó entrever cierta voluntad a revisar normas, como el controvertido decreto.
Fue Ariel Graizer, presidente de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), y anfitrión de estas jornadas, el primero en traer sobre el estrado al decreto 690: “Estamos en un punto muerto como país y como industria por una mala decisión regulatoria, y es necesario que los interlocutores entiendan que el 690 puso al sector en un impasse que nos aleja del objetivo compartido”, tal como es llegar a la universalización de Internet en la Argentina, “para lograr mejores servicios de conectividad y una Internet robusta que ponga al país más cerca del objetivo de reducir la brecha digital”.
El lema del encuentro de este año fue, justamente, “Conectividad como motor de desarrollo” y sobre esta aspiración giraron los discursos de los representantes de la industria y también del Gobierno. Por eso, Graizer añadió que “el 690 no es el camino para lograr los objetivos y los datos lo dicen claramente”, razón por la que demandó reconstruir los incentivos y acciones que nos pongan en objetivos comunes”, insistió. Enfatizó que, en dos años desde su promulgación, “el DNU no resolvió el problema de los que no tienen conectividad sino que lo agravó y profundizó la brecha”, y volvió a señalar la necesidad de contar con un escenario claro para realizar las inversiones en infraestructura que permitan cobrar los servicios a valores que permitan a las empresas sostenerse en el tiempo.
En este punto comparó el precio de los servicios de Internet (banda ancha, telefonía y televisión) de la Argentina con los países de la región, y destacó que “mientras el ARPU de la Argentina es de 30 dólares, en Brasil es de 60 dólares, en Chile de 65 dólares, en Colombia, de 80 dólares y en los Estados Unidos de 120 dólares”, como para dar una pauta de las variables con que se mueve la industria.
Luego, sostuvo que la tasa de crecimiento de la penetración de la banda ancha ha disminuido su ritmo de crecimiento que, de acuerdo a los datos oficiales que trajo al escenario, se ubica entre el 71 y el 72 por ciento al cierre de 2021. “Hay más de 10 millones de conexiones totales, se está lejos de los objetivos de universalización pero es peor el indicador de la actualización de redes pues la fibra óptica apenas llega al 17 por ciento del total de las conexiones”, aseveró Graizer, otra vez para comparar con el 80 por ciento de fibra óptica que presenta Uruguay, el 62 por ciento de Brasil, y el 56 por ciento de Chile.
Consideró que “estos datos tienen que interpelarnos” porque “como país no podemos seguir dándonos el lujo de perder oportunidades”, para finalizar con la necesidad de “retomar el diálogo conducente”.
Con este panorama planteado, los funcionarios de Gobierno que llegaron hasta el predio de Parque Norte, el complejo del sindicato de Empleados de Comercio, ubicado a metros del Aeropuerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respondieron lo suyo. El primero fue Matías Tombolini, presidente de Arsat, quien tras expresar que una empresa del Estado “tiene que compartir el lucro con un beneficio social”, tal como es llevar la conectividad a donde los privados no lo hacen, sostuvo que “la gestión de los datos nacionales forman parte de una actividad estratégica que nos involucra a todos”.
Tombolini aseguró que “está creciendo la capacidad de nuestra red de fibra óptica y no estamos llegando al hogar”, como para dejar en claro que Arsat no competirá en el segmento minorista con el sector privado porque, siguió, “creemos que tenemos que crecer con el sector privado”. Y aseguró que existe el compromiso de que se va a “compartir infraestructura con el sector privado” porque “es necesario realizar inversiones más eficientes para llegar allí donde todavía no se está”.
Fue Gustavo López, vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), quien tomó el guante del 690 que había dejado como prenda de discusión Graizer, minutos antes, para contextualizar y recordar las razones que llevaron al Gobierno a avanzar con ese decreto y aseverar, luego, que “estamos dispuestos a revisar todas normas porque si fueran perennes no se puede pensar en desarrollo”, afirmó. Y expresó que la ampliación de la conectividad tiene que responder a condiciones equitativas y de igualdad porque supone “la condición necesaria para construir ciudadanía”, especialmente en un contexto donde el Gobierno ha manifestado su compromiso con la economía del conocimiento. “El Estado tiene que estar en donde la conectividad se reduce al 35 o al 45 por ciento, en las zonas de difícil acceso, en los corredores viales” porque, agregó luego, “hacer de Internet un motor de desarrollo económico”
López no solo tomó el guante dejado por Graizer sino que, además, expresó su contrapunto y destacó que “tenemos una lectura un poco distinta a la de Cabase, lo que no quiere decir que tengamos los mismos objetivos” y, con los mismos datos que ya habían subido al escenario de la mano del anfitrión, destacó que entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2021 se sumaron 1,3 millones de nuevos de conectados, lo que permitió sumar un 7 por ciento más de hogares al 63 por ciento de penetración del servicio que se daba dos años y medio atrás.
Sobre la fibra óptica, el vicepresidente del regulador argentino subió, inclusive, la apuesta y afirmó que “la fibra óptica no está muy desarrollada pero no tiene nada que ver el DNU 690” porque, recordó, en el lapso al que se había referido previamente, esa tecnología pasó del 13 a casi el 18 por ciento en los últimos tres años.
Con la mesa casi servida, Mateo Gómez Ortega, el flamante subsecretario de Conectividad, hizo su primera aparición pública y se limitó a señalar que existe “el compromiso de articular (con el sector privado) porque sabemos lo que aqueja a la industria” y abogó por “centrarnos en la idea de Internet como motor de desarrollo”.
En su mirada, sostuvo que “están en juego los modelos de negocios” razón por la que invitó a la industria de las telecomunicaciones a formar parte de las “mesas sectoriales para saber cuál es el problema”, y avanzar en la necesidad de “desjudicializar el 690 entre todas las partes”.
Con las posturas expuestas públicamente, con la idea de impulsar más fuertemente la conectividad como condición sine qua non para el desarrollo, con algunas frases que se adivinaban y otras que causaban sorpresas por lo básicas -pues el auditorio estaba conformado, principalmente, por la industria- comenzó esta primera jornada del Internet Day 2022, con presencialidad y la expectativa de lo que podría generarse a partir de ahora.
